Chihuahua, Chih; 31 de octubre de 2024 — En un esfuerzo por promover la igualdad en el acceso a servicios básicos, el diputado Ismael Pérez Pavía, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para modificar el artículo 4º de la Constitución Mexicana y reconocer el acceso a la electricidad como un derecho humano. La propuesta tiene como objetivo asegurar que todos los ciudadanos, especialmente aquellos en comunidades rurales y marginadas, puedan contar con electricidad de manera segura y accesible.
Pérez Pavía subrayó que actualmente la disponibilidad de electricidad depende en gran medida de la capacidad económica de cada persona, al ser un servicio comercializado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “El Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar este derecho. La electricidad no puede seguir siendo un privilegio inaccesible para quienes no pueden costearla”, señaló el legislador, destacando el impacto directo que esta medida tendría en miles de familias mexicanas.
EXISTEN ATECEDENTES
Inspirada en normativas internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la iniciativa busca establecer un marco legal que permita tarifas accesibles y asegure un suministro mínimo garantizado para todos los ciudadanos. Asimismo, contempla la asignación de recursos en el presupuesto federal para ampliar la cobertura de este servicio en todo el país, con la CFE asumiendo la responsabilidad de brindar un suministro eléctrico continuo y de calidad, sin importar la capacidad de pago de los usuarios.
La propuesta también recoge precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado que el acceso a la electricidad es fundamental para otros derechos esenciales, como la vida y la salud. En este contexto, Pérez Pavía expresó que “la electricidad es esencial para ejercer otros derechos básicos, como la salud y la educación, y debemos garantizar que esté al alcance de todos los mexicanos”.
De aprobarse, esta reforma alinearía la legislación mexicana con compromisos internacionales en derechos humanos y sostenibilidad, reforzando el compromiso de reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.