Chihuahua, Chih.— El Congreso del Estado de Chihuahua envió un exhorto formal al Congreso de la Unión para que emita la Ley General de Seguridad Privada, debido a que el plazo establecido para su expedición, conforme al Decreto publicado el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, ya ha vencido.
El llamado tiene como propósito que el Legislativo federal cumpla con lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del mencionado Decreto, el cual señala que la Ley General en Materia de Seguridad Privada debe ser expedida dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. Esta disposición se deriva de la reforma al artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, el Artículo Tercero Transitorio establece que, una vez promulgada dicha Ley General, tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales deberán adecuar sus respectivas leyes en un plazo también de 180 días naturales. Mientras eso no ocurra, se mantiene vigente la legislación actual en sus términos.
La solicitud surge de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, la cual proponía reformas a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Chihuahua para regular los procedimientos, requisitos y plazos para otorgar autorizaciones a personas físicas o morales que prestan servicios de seguridad privada.
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No obstante, tras ser analizada en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, se consideró más adecuado abstenerse de modificar la legislación estatal por el momento y en su lugar exhortar al Congreso federal a que emita la Ley General correspondiente. Así lo informó el diputado Octavio Borunda Quevedo, integrante de la comisión dictaminadora.
El legislador señaló que esta decisión responde a la necesidad de contar con un marco jurídico nacional uniforme que permita al Congreso local trabajar posteriormente en una normativa estatal adecuada y actualizada. También destacó que la seguridad privada representa una herramienta potencial para la prevención del delito, gracias a los recursos humanos, tecnológicos e infraestructura con los que cuentan muchas de las empresas dedicadas a este sector.