Chihuahua, Chih.— El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley de Juventud del Estado que permitirá al Instituto Chihuahuense de la Juventud celebrar convenios con instituciones educativas, tanto públicas como privadas, para evaluar el impacto de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.
La modificación, aprobada en Sesión Ordinaria del Poder Legislativo, tiene como propósito fortalecer la efectividad de los programas y acciones gubernamentales mediante su medición sistemática, y responde a la necesidad de contar con herramientas objetivas para valorar los resultados de las políticas juveniles.
Durante la presentación del dictamen ante el Pleno, la diputada Magdalena Rentería, presidenta de la Comisión de Juventud y Niñez, subrayó la importancia de trabajar de forma efectiva con la juventud, al considerarla el “futuro inmediato de su nación”. Señaló que las políticas públicas deben ser “buenas y efectivas”, y para ello es necesario evaluarlas con diversos mecanismos que garanticen su impacto.
LA NOTICIA A TU ALCANCE EN FUENTE INFO
La reforma se sustenta en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, incluyendo la formulación, instrumentación y evaluación de políticas públicas a través del Poder Ejecutivo.
Concretamente, el Congreso modificó el artículo 67 de la Ley de Juventud para incluir una nueva fracción que establece lo siguiente:
Artículo 67, fracción XXV: Realizar, a través de convenios o acuerdos con instituciones de educación públicas y privadas, una encuesta estatal anual a la juventud del Estado; beneficiarias y no beneficiarias, para evaluar el impacto de las políticas públicas y programas implementados en materia de juventud. Los resultados se deberán remitir al Consejo Estatal de la Juventud para que, derivado de ellos y de ser necesario, se implementen las adecuaciones pertinentes a dichas políticas y programas, con el objetivo de mejorar los resultados en beneficio de la juventud en el estado.
El cambio normativo tiene un impacto práctico inmediato: por primera vez se establece un mecanismo obligatorio y periódico para consultar directamente a las y los jóvenes sobre los programas que los afectan, permitiendo ajustar las políticas en función de evidencia concreta.
Esta reforma marca un paso hacia la institucionalización de la evaluación en la política pública juvenil, lo que podría traducirse en una mejor asignación de recursos, mayor efectividad de los programas y una relación más directa entre el gobierno y las juventudes chihuahuenses.