Ciudad de México.– Durante la discusión legislativa sobre la reforma constitucional que dará origen a una Ley General en materia de extorsión, el diputado federal Alejandro Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, manifestó su preocupación por el crecimiento de este delito en el país y solicitó que el nuevo marco normativo sea funcional y efectivo.
Domínguez señaló que la extorsión ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en un fenómeno estructural que afecta a millones de ciudadanos, impacta a pequeñas empresas, corroe instituciones y debilita la seguridad local.
“No podemos seguir permitiendo que el miedo marque el destino de nuestras familias. La extorsión es hoy un cáncer que corroe a la sociedad, y no se resolverá con discursos: necesitamos una Ley General con dientes, con presupuesto y con visión de Estado”, expresó el legislador.
De acuerdo con cifras recientes mencionadas durante su intervención, el delito de extorsión ha alcanzado niveles récord, y se estima que el 97% de los casos no son denunciados. Además, miles de pequeños negocios cierran cada año por el cobro del llamado “derecho de piso”.
En ese contexto, Domínguez afirmó que el Partido Revolucionario Institucional impulsará una reforma que dé paso a una política nacional integral contra la extorsión, centrada en las víctimas y en la sociedad. Propuso que la futura ley contemple al menos cinco pilares:
-Protocolos nacionales de investigación coordinada entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
-Registro Nacional de Extorsión que permita dimensionar el problema.
-Unidades especializadas con recursos suficientes para capacitación y supervisión.
-Protección inmediata a las víctimas.
-Mecanismos de rendición de cuentas y sanciones a autoridades que incurran en omisión.
También destacó la importancia de que los municipios sean incluidos en el diseño de soluciones, dada su relevancia territorial y en materia de seguridad local.
“Exigimos que la Ley General en materia de extorsión no sea un documento genérico, sino un instrumento eficaz que establezca estándares mínimos obligatorios para todos los estados, evitando que algunos se conviertan en refugios para la delincuencia. No puede haber estados de primera y de segunda en la protección de los derechos de las y los mexicanos”, sostuvo.
El legislador cerró su intervención señalando que enfrentar la extorsión requiere no solo voluntad política, sino instituciones robustas.
“Mientras la extorsión siga marcando la vida de millones, no podemos hablar de justicia ni de desarrollo. Esta no es solo una obligación legal: es una responsabilidad moral con México, y en nuestro estado. Necesitamos instituciones sólidas, confiables y capaces de proteger a las víctimas y sancionar a los culpables”, concluyó.