Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.– La Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró posibles irregularidades en el manejo de recursos del anterior Poder Judicial, luego de revisar la Cuenta Pública 2024. Así lo informó el auditor superior, Héctor Acosta, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.
De acuerdo con lo expuesto, más de 140 millones de pesos no fueron regresados retornados , a pesar de que no se comprobó que se hayan utilizado conforme a la ley.
Uno de los principales señalamientos corresponde a recursos del año 2023 por más de 100 millones de pesos, los cuales permanecieron en cuentas bancarias sin que se demostrara la compra de bienes o la contratación de servicios. Aun así, ese dinero no fue reintegrado a la Secretaría de Hacienda estatal, como establece la normativa.
Además, durante la revisión del ejercicio 2024, la ASE detectó que más de 41 millones de pesos destinados originalmente a obra pública fueron transferidos a un fondo interno del Poder Judicial, conocido como “Fondo Auxiliar”, sin que se comprobara su uso dentro del presupuesto autorizado para ese año.
Ante estas situaciones, la Auditoría emitió observaciones formales y solicitó que el Órgano Interno de Control del Tribunal Superior de Justicia investigue si hubo responsabilidad administrativa por parte de funcionarios involucrados.
La revisión también evidenció pagos mayores a los permitidos en contratos de servicios. Un ejemplo fue el gasto en servicios de fotocopiado, donde en 2024 se pagó más de lo autorizado, generando un sobrecosto de más de 582 mil pesos, dentro de un contrato firmado con una empresa privada.
Otro punto observado fue la contratación de servicios de limpieza. La ASE detectó que en varios meses de 2024 se realizaron pagos a una empresa sin que se comprobara que parte de su personal estuviera registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como lo exige la ley. En total, no se acreditó el registro de 27 trabajadores en distintos periodos del año.
La Auditoría Superior del Estado señaló que estos hallazgos forman parte del proceso de fiscalización y que corresponderá a las autoridades internas determinar si existen sanciones para los servidores públicos responsables.