Chihuahua, Chih.— Banorte, Ferrocarriles Mexicanos y el Aeropuerto de Chihuahua se encuentran entre los principales contribuyentes con rezago en el pago del Impuesto Predial en la capital del estado, de acuerdo con información dada a conocer por la síndica municipal, Olivia Franco.
La funcionaria explicó que el adeudo acumulado corresponde a rezagos generados a lo largo de diversas administraciones municipales anteriores, por lo que consideró necesario realizar un análisis puntual y técnico de las acciones de cobro que se han aplicado a los contribuyentes con mayores adeudos, con el objetivo de fortalecer y, en su caso, robustecer los mecanismos de recuperación desde la Sindicatura.
Franco detalló que, además de Banorte, entre los contribuyentes con rezagos destacan Ferrocarriles Mexicanos y el Aeropuerto de Chihuahua. No obstante, precisó que en estos dos últimos casos existe un marco constitucional y legal que debe ser considerado, ya que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Municipal contemplan la exención del pago del Impuesto Predial para bienes de dominio público pertenecientes a la Federación, al Estado o a los municipios.
Sin embargo, aclaró que dicha exención no aplica cuando los inmuebles son utilizados por entidades paraestatales o por particulares para fines administrativos o para propósitos distintos a su objeto público, por lo que subrayó la relevancia de identificar la situación jurídica y administrativa actual de estos contribuyentes, especialmente de aquellos que originalmente tenían carácter gubernamental.
La síndica municipal informó que la Sindicatura mantiene una coordinación permanente con la Tesorería Municipal, mediante un análisis detallado de las 100 cuentas catastrales con mayor adeudo, las cuales en conjunto concentran más del 50 por ciento del rezago total del Impuesto Predial en el municipio.
Este ejercicio, indicó, tiene como finalidad identificar las acciones de cobro que ya se han realizado, así como evaluar la factibilidad jurídica y administrativa para hacer efectivo el crédito fiscal, siempre en apego a la legalidad y en beneficio de las finanzas municipales.