Tromba de Obsidiana
Luis Andrés Rivera Levario. Vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua.
A pesar de ser el estado más grande de la República, Chihuahua es una de las pocas entidades federativas que adolecen por completo de áreas naturales protegidas de carácter local. Las pocas que tenemos son exclusivas de la federación y abarcan solo una pequeña porción de los grandes corredores biológicos y hábitats representativos de los cuales gran parte de la ciudadanía nos sentimos orgullosos.
Esto refleja una situación alarmante: la absoluta falta de voluntad política del gobierno del Estado para proteger la naturaleza. A ello se suma un hecho grave y poco discutido: la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Chihuahua, promulgada en 2018, sigue hasta la fecha sin contar con un reglamento que la haga operativa, mismo que debe ser expedido por el Poder Ejecutivo estatal. Las administraciones públicas nos han fallado a las y los chihuahuenses que necesitamos, deseamos y exigimos áreas naturales protegidas.
Sin embargo, no todo es negativo. La ciudadanía organizada, en colectivos como Salvemos los Cerros de Chihuahua, ha exigido de forma ejemplar la aplicación del Estado de derecho ambiental y, mediante resistencia civil pacífica, ha impulsado la declaratoria de áreas naturales. Aunque todavía falta mucho por avanzar, ya se han dado los primeros pasos.
A nivel estatal, la protección del Cerro Grande permanece estancada desde 2018 por la ausencia del más mínimo criterio ecológico de los gobiernos en turno. No sorprende su indiferencia. Paradójicamente, es en algunos municipios donde se observan mayores avances.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, la Sierra de Juárez y el Río Bravo continúan en condiciones de abandono y simulación. En la ciudad de Chihuahua la situación no es muy distinta, aunque en términos legales se logró que el Plan de Desarrollo Urbano incluyera cuatro propuestas de áreas naturales protegidas, entre las que destacan el Cañón del Marro y los Picos de la Luna, sitios que hoy enfrentan una intensa presión inmobiliaria que ya está devastando sus faldas.
En Delicias tuvimos un acercamiento valioso con el regidor Aldo Urzúa, quien ha impulsado la protección de los arroyos conocidos como Los Acebuches, ubicados en el parteaguas cercano a la Presa Las Vírgenes. Se trata de un sitio que recorrimos en una caminata entrañable, donde constatamos la riqueza de su flora, fauna y paisajes, fundamentales para el equilibrio ecológico y la actividad agrícola de la región.
Y hablando de paisajes, el gobierno municipal de Ahumada nos ha recibido como ningún otro para recorrer el Cerro Banco del Lucero, un ícono natural y paisajístico de gran valor ecológico y cultural. Hemos aprendido que esta región fue habitada desde hace más de diez mil años por grupos asociados a la cultura Clovis, que dejaron vestigios arqueológicos. El alcalde Iván Rodelo, su equipo y los propietarios del cerro están poniendo un ejemplo que debería replicarse en todo el estado.
¿Merecemos proteger nuestras áreas naturales? Claro que sí. Y, pese a los retrasos deliberados y la falta de voluntad política del gobierno estatal, la ciudadanía, los propietarios, algunos representantes populares y las organizaciones de defensa territorial ya estamos avanzando.
Porque proteger la naturaleza no es un lujo: es una obligación ética, una necesidad ecológica y una condición mínima para tener futuro.
Luis Andrés Rivera Levario es defensor del territorio, activista ambiental y articulista originario de Chihuahua. Es vocero de la organización ciudadana Salvemos los Cerros de Chihuahua, desde donde impulsa procesos de participación comunitaria, consultas públicas y acciones legales para la protección de cerros, ríos y ecosistemas urbanos.
Ha colaborado con colectivos, universidades y organizaciones nacionales e internacionales en proyectos de documentación, comunicación y defensa ambiental, incluyendo iniciativas apoyadas por National Geographic. Su trabajo se centra en la relación entre territorio, justicia ambiental, democracia y dignidad comunitaria. Es autor de columnas de opinión en diversos medios locales, donde analiza problemáticas socioambientales, políticas públicas, derechos humanos y participación ciudadana. Concibe la escritura como una herramienta para acompañar procesos colectivos y visibilizar las voces que históricamente han sido excluidas de la toma de decisiones.