La Jueza de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, generó controversia al conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754/2023, relacionada con la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que acumulan la cifra considerable de 15 mil 800 millones de pesos.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) fue la entidad favorecida con esta decisión, argumentando que la extinción de los fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo de los juzgadores y servidores. públicos del PJF. Esta perspectiva plantea interrogantes sobre la priorización de intereses corporativos en detrimento de la necesidad de una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos.
La jueza Trejo parece pasar por alta la urgencia y la necesidad de poner fin a estos fideicomisos, cuestionando la lógica detrás de la preservación de estructuras opacas que albergan recursos significativos. La decisión de la jueza plantea inquietudes sobre la imparcialidad del sistema judicial y sus prioridades en términos de interés público.
La solicitud de la JUFED de que no se extingan ni se entreguen los fondos a la Tesorería de la Federación ha sido interpretada como un intento de mantener un sistema sin rendición de cuentas y opaco. Esta decisión, al permitir que los fondos de los fideicomisos continúen siendo utilizados sin restricciones, plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de estos recursos.