Tromba de Obsidiana
Luis Andrés Rivera Levario. Vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua.
En Chihuahua estamos viviendo una paradoja cruel. Nos venden la idea de que el crecimiento industrial y urbano es sinónimo de progreso, pero la realidad que respiramos todos los días cuenta una historia muy distinta. Una historia donde el precio de ese “beneficio” lo pagamos con lo más sagrado: la salud de nuestras familias.
Lo que sucede con nuestra calidad del aire no es un accidente ni una consecuencia inevitable del desarrollo. Es el resultado de un modelo económico perverso que ha perfeccionado el arte de “externalizar” costos. Traduzcámoslo: hay quienes se han hecho ricos ahorrándose lo que cuesta cuidar el medio ambiente. Dueños de cementeras, maquiladoras y otros gigantes industriales han encontrado la fórmula perfecta para que su ganancia privada se convierta en deuda pública y dolor familiar.
¿Cómo funciona esta estafa piramidal? Sencillo: mientras ellos deciden no invertir en filtros para sus chimeneas ni en cumplir regulaciones ambientales, las familias chihuahuenses gastan su dinero en consultas médicas, medicamentos que no encontramos en las farmacias de Medichihuahua —donde ni siquiera hay paracetamol—, tratamientos para enfermedades respiratorias y, en el peor de los casos, velorios. El dinero que ellos se ahorran es el mismo que nosotros pagamos con lágrimas, bronquitis y asma. Como dice el refrán popular, nadie se hizo rico gastando en cuidar el entorno. Y aquí lo comprobamos a diario.
Esta lógica tiene un nombre: zonas de sacrificio. Territorios condenados a la degradación ambiental para que otros, los de arriba de la pirámide, sigan acumulando riqueza. Chihuahua se ha convertido en una de esas zonas. Y los datos no mienten: en los últimos años hemos tenido más días con mala calidad de aire que con buena. No es una percepción, es una crisis cuantificable.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en el sector privado. Frente a esta emergencia, el gobierno del estado ha optado por la omisión. Mientras favorece abiertamente al cártel inmobiliario —destruyendo cerros y áreas verdes que nos ayudaban a respirar— y al cártel automotriz —cuyas emisiones nos envenenan—, ignora sus propias obligaciones legales. Desde 2018, la ley ordena la implementación de un plan de contingencias ambientales. Han pasado años y seguimos esperando.
Sí, es cierto que el tema de las estaciones de monitoreo empieza a permear en la agenda de algunos actores políticos. Pero que no nos engañen: instalar más sensores sin la facultad ni la voluntad de actuar cuando se disparan las alertas es como ponerle un termómetro a un enfermo terminal y negarle la medicina. Medir el problema sin resolverlo es una burla.
La consulta pública estatal por el aire limpio fue una muestra clara de esta fractura entre la ciudadanía y sus gobernantes. La participación fue baja, sí, quizás por el cansancio, por la desesperanza o porque la gente está demasiado ocupada sobreviviendo como para acudir a ejercicios que parecen simulacros. Pero quienes participaron fueron contundentes: la inmensa mayoría exige medidas para respirar mejor. El mensaje no puede ser más claro. El gobierno, sin embargo, sigue de espaldas a esa exigencia.
No podemos seguir normalizando lo inaceptable. El progreso que mata no es progreso, es un fraude. Una estafa donde los de abajo ponen la salud y los de arriba se llevan las ganancias. O exigimos un cambio radical en la política ambiental de Chihuahua, o seguiremos condenando a nuestras familias a pagar el costo de un “desarrollo” que nunca llega a nuestros pulmones.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que el derecho a respirar sea un lujo?
Luis Andrés Rivera Levario es defensor del territorio, activista ambiental y articulista originario de Chihuahua. Es vocero de la organización ciudadana Salvemos los Cerros de Chihuahua, desde donde impulsa procesos de participación comunitaria, consultas públicas y acciones legales para la protección de cerros, ríos y ecosistemas urbanos.
Ha colaborado con colectivos, universidades y organizaciones nacionales e internacionales en proyectos de documentación, comunicación y defensa ambiental, incluyendo iniciativas apoyadas por National Geographic. Su trabajo se centra en la relación entre territorio, justicia ambiental, democracia y dignidad comunitaria. Es autor de columnas de opinión en diversos medios locales, donde analiza problemáticas socioambientales, políticas públicas, derechos humanos y participación ciudadana. Concibe la escritura como una herramienta para acompañar procesos colectivos y visibilizar las voces que históricamente han sido excluidas de la toma de decisiones.