Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) llevó el caso de México ante la Asamblea General de la ONU, al considerar que existen indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La decisión fue turnada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el objetivo de que la Asamblea General valore medidas que apoyen a México en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito.
De acuerdo con la resolución dada a conocer este jueves desde Ginebra, el Comité concluyó que hay indicios fundados de que en el país se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas en distintos momentos y regiones. Esto, señaló, se basa en la existencia de posibles ataques generalizados o sistemáticos contra la población.
El CED tomó esta determinación en apego al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, luego de dar seguimiento a la situación en México desde 2012. Entre las fuentes consideradas se encuentran evaluaciones periódicas, su visita al país en 2021, acciones urgentes presentadas por familiares de víctimas, así como información del Estado y de organizaciones civiles.
Asimismo, el Estado desestimó información presentada por organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que documenta casos en entidades como Coahuila, Nayarit y Veracruz. También cuestionó el uso de cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al considerar que no distingue entre desapariciones forzadas y aquellas cometidas por particulares.
Sin embargo, el Comité advirtió que, aunque el registro tiene esas limitaciones, la magnitud de los casos refleja la gravedad del problema. Actualmente, el RNPDNO reporta más de 130 mil personas desaparecidas. A esto se suma el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con más de 6 mil 200 cuerpos, 4 mil 600 restos humanos y alrededor de 72 mil restos sin identificar.
El CED también indicó que, pese a las medidas implementadas por el Estado mexicano tras su visita en 2021, no se observa una mejora sustancial en la situación, de acuerdo con datos oficiales disponibles.
Aunque el Comité reconoció que no hay evidencia de una política estatal directa o una omisión deliberada para cometer desapariciones, sí advirtió una falta de medidas eficaces para prevenirlas y sancionarlas, lo que ha contribuido a un contexto de impunidad que permite la comisión de estos delitos.
Ante este panorama, el CED solicitó a la Asamblea General de la ONU considerar acciones de cooperación internacional, incluyendo asistencia técnica, apoyo financiero y acompañamiento especializado en áreas como búsqueda, análisis forense e investigación de posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
También pidió la creación de un mecanismo eficaz para esclarecer los hechos, así como brindar protección y apoyo a las familias de las víctimas, organizaciones y defensores.