Ciudad de México, 22 de abril de 2026.– En fast track, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado avalaron el punto de acuerdo promovido por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa para citar a una reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, a fin de que expliquen los hechos ocurridos en el municipio de Morelos, donde murieron cuatro personas, entre ellas dos de Estados Unidos, presuntamente agentes de la CIA.
El dictamen, relacionado con presuntas violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, será turnado a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente y posteriormente sometido a votación en el Pleno, conforme al artículo 277 del Reglamento del Senado.
Durante la discusión en comisiones, el senador promovente, Juan Carlos Loera, ejerció su derecho a voz para respaldar la propuesta.
El punto de acuerdo fue presentado un día antes, con la solicitud de que la titular del Ejecutivo estatal y el fiscal acudan el próximo 28 de abril a rendir un informe sobre la actuación de agentes extranjeros en territorio chihuahuense que no contaban con autorización del Gobierno Federal.
PUNTO DE ACUERDO SE PRESENTO AYER
Al presentar la propuesta, Loera sostuvo que: “La soberanía nacional no admite ambigüedades. Su respeto es una obligación constitucional para todas las autoridades”.
El legislador subrayó que los hechos obligan a una revisión puntual de la actuación del gobierno estatal, particularmente por la presunta presencia de personal extranjero en tareas de seguridad sin evidencia de notificación ni coordinación con el gobierno de México.
En tribuna, advirtió que la Ley de Seguridad Nacional establece la obligación de las entidades federativas de informar sobre cualquier intervención de agentes extranjeros bajo principios de legalidad, control institucional y respeto a la soberanía.
“No se trata de un criterio político, sino de una disposición expresa del marco jurídico vigente”, sostuvo.
Asimismo, señaló que existen antecedentes de acuerdos en materia de seguridad suscritos por el gobierno estatal con autoridades extranjeras, así como la presencia de agencias estadounidenses en instalaciones locales.
“El cumplimiento de la ley es la base mínima para garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses. No puede construirse al margen del marco constitucional ni mediante decisiones unilaterales que alteren la distribución de competencias”, puntualizó.
Con el avance en comisiones, corresponderá ahora al Pleno del Senado definir si procede la convocatoria formal a la mandataria estatal y al titular de la Fiscalía General del Estado para la reunión de trabajo solicitada.