El H. Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, para que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan y faciliten la instalación de mesas de negociación abiertas, públicas y transparentes, con acompañamiento institucional, entre las personas afectadas y la empresa Consultorías Rigg, S.A. de C.V., a fin de garantizar condiciones de equidad y evitar prácticas de presión.
El Congreso del Estado aprobó la proposición de la diputada Jael Argüelles Díaz, mediante la cual se exhortó a diversas autoridades, a garantizar los derechos de las personas habitantes del Fraccionamiento Las Huertas en Ciudad Juárez.
En tribuna, la legisladora explicó que un conflicto por el pago entre dos personas morales, tiene en la zozobra a casi doscientas familias de dicha zona habitacional, muchas de ellas asentadas de manera irregular, pero que han habitado esta zona de manera pacífica y continua durante más de dos décadas, asumiendo el pago de servicios, mantenimiento y contribuciones de los inmuebles durante este tiempo.
Así mismo, dijo que, a pesar de su situación irregular, y ante las mesas de negociación que ha planteado la empresa acreedora (Consultorías Rigg, Sociedad Anónima de Capital Variable), hay una clara disposición de los vecinos para iniciar los procesos de regularización de sus viviendas, tal cual lo han expresado públicamente en medios de comunicación.
Dijo que las y los vecinos del Fraccionamiento Las Huertas no están buscando una salida fácil ni desacatar una resolución judicial, están llamando a una negociación prudente, proporcional y transparente con la parte acreedora, y también disponer de garantías sólidas de que no serán víctimas de un fraude para poder conservar, con certeza jurídica, el espacio que han habitado durante décadas, para lo cual se propone:
-Mesas de negociación abiertas, públicas y transparentes con la empresa inmobiliaria Consultoría Rigg, S.A. de C.V., con acompañamiento de representantes de autoridades.
-Que se expongan las alternativas para aquellos vecinos que no dispongan de un crédito INFONAVIT.
-Que los procesos de regularización se realicen con garantías de certeza jurídica, mediante acuerdos por escrito y, en su caso, ante fedatario público; la verificación de los inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad; el uso de pagos rastreables; y preferente a través de un contrato de adhesión debidamente registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de prevenir posibles fraudes.
-La ampliación del plazo para iniciar los procesos de regularización.