El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua reiteró su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y el respeto irrestricto al Estado de Derecho, en el contexto de las manifestaciones públicas realizadas este fin de semana en torno a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
A través de un posicionamiento, el empresariado señaló que cualquier procedimiento judicial debe desarrollarse con estricto apego a la ley, alejado de intereses políticos y sustentado en fundamentos técnicos y jurídicos.
“Que no se nos confunda: Chihuahua no es Sinaloa”, señalaron.
El CCE sostuvo que Chihuahua no debe ser objeto de confrontaciones políticas y rechazó la politización de los procesos que involucran al estado. Asimismo, indicó que toda actuación debe realizarse conforme a derecho y dentro del marco de la legalidad, particularmente cuando se trata de una gobernadora electa democráticamente.
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Asimismo, insistieron que, este como en cualquier otro caso, las investigaciones deben realizarse con autenticidad, legalidad y transparencia, respetando el debido proceso y las facultades de las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.
El organismo destacó que Chihuahua requiere estabilidad, confianza y certeza jurídica para continuar atrayendo inversiones, generando empleos y creando oportunidades para las familias del estado.
“En Chihuahua estamos listos para la revisión del T-MEC”
“En Chihuahua queremos estabilidad, seguir creando empleos y aprovechar las oportunidades de desarrollo para nuestro Estado. No podemos permitir que intereses políticos afecten la confianza que tanto trabajo nos ha costado construir. Reiteramos que el esclarecimiento de los hechos corresponde exclusivamente a las instituciones competentes. La justicia debe esclarecer los hechos; la política no debe interferir en ese proceso. Esa es la posición responsable que hoy demanda Chihuahua”, concluyeron.
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