Controlar al Poder Judicial no es una tentación nueva en Chihuahua. César Duarte tuvo sus “magistrados oxigenadores”; Javier Corral se empantanó en su propio “cochinero judicial”; y la Reforma Judicial de la 4T abrió otra oportunidad para meter mano en la integración de los tribunales.
Sin quedarse atrás, la gobernadora Maru Campos se colgó de esta última reforma para intentar acomodar en el Poder Judicial local a perfiles afines o, cuando menos, poco propensos a contrariar los intereses del poder político y económico. Logró una mayoría, con un reducto de jueces propiamente independientes, rebeldes. Y aún así, no fue suficiente.
El dilema de la $eñora ya enciende alarmas y despierta desesperación. Viene el último tramo de su gobierno y con él crece la urgencia por blindarse ante cualquier posibilidad de que empiecen a brotar causas judiciales, contra ella o contra integrantes de su administración, una vez que entreguen – formalmente – las riendas del poder.
De ahí la locura de nombrar un fiscal carnal, disfrazada de una homologación federal para una Fiscalía supuestamente “autónoma”. La posibilidad de tener a Gilberto Loya como fiscal transexenal sería risible si el escenario no fuera tan consternante por su evidente falta de preparación y los intereses políticos que obedecería. Claro, siempre que el oficialismo consiga imponer su voluntad en el Congreso, algo que no es seguro por el momento.
Pero si la Fiscalía es una pieza, el Poder Judicial es otra. Y para intentar someter totalmente a los jueces, la presión va en aumento. La jugada es que nadie se salga del huacal ni ahora, ni mañana cuando la $eñora deje el despacho. El problema es que en su desesperación, ni siquiera han conseguido hacer bien el trabajo sucio.
CUANDO LA PRISA LE GANA A LA DILIGENCIA
El pasado 10 de septiembre, agentes de la Fiscalía Anticorrupción interceptaron al juez Manuel Jurado Torres en pleno centro de Chihuahua, en el cruce de las calles Niños Héroes y Venustiano Carranza. Lo bajaron de su vehículo y se lo llevaron detenido.
No terminaba de normalizarse la circulación vial cuando el Fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela Holguín ya estaba frente a los medios de comunicación, presumiendo la captura como una supuesto logro más de su miserable gestión. Una medalla de oropel para colgarse en el cuello y justificar que él también podría ser Fiscal si no llegara Loya.
El problema es que desde un inicio las autoridades hicieron todo apresurado y con un descuido evidente.
Casi un mes después, el 7 de octubre, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tuvo que corregir la radicación del caso y trasladarlo del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua capital, al Distrito Judicial Hidalgo, en Parral, donde Jurado Torres ejercía como juez penal y donde ocurrieron los hechos que se le imputan.
Tuvieron que pasar semanas para corregir algo que debió advertirse desde el primer momento, todo por hacer las cosas a la carrera. Y es que ahora le están metiendo acelerador por que todos los procesos
Según información que conoció FuenteInfo, la Fiscalía Anticorrupción habría condicionado la suspensión del proceso a que Jurado Torres renunciara a su cargo y a su derecho de recurrir al amparo. Además de acorralarlo para que cediera en sus derechos de defensa, la Fiscalía habría negociado directamente las condiciones de una “salida alterna”, algo que corresponde al juez.
No fue así, y sin embargo, la jueza de control Laura Mendoza meramente avaló lo que dictó la Fiscalía. Y no es el primer caso en el que un juez meramente avala todo lo que plantea el Ministerio Público. “El Tribunal le tiene miedo a Fiscalía”, afirmó textualmente una fuente que conoce de primera mano de las entrañas del Poder Judicial.
DE UN ATROPELLO A UN CHOQUE
A este atropello judicial se suma otro, esta vez literal: el choque mortal frente al Hospital Ángeles, en la capital.
En este caso, el juez Juan Pablo Campos López, ex-regidor del PAN, cambió la medida cautelar del joven Luis Fernando E. I., quien conducía desnudo y bajo los efectos de drogas (o un brote psicótico, dependiendo de la versión), causando la muerte de Basilio Calderón, de 63 años de edad. En vez de prisión preventiva, concedió arresto domiciliario; la audiencia se celebró desde la comodidad de su camilla, en el mismo Hospital Ángeles.
No tardaron en aparecer las suspicacias y especulaciones en redes sociales, los murmullos de influyentismo en los pasillos, y la avalancha de ruido mediático cabalgando sobre una ola de indignación justificada.
Desde el poder llegaron las reacciones; en las columnas políticas, el escarnio. Y los panistas, dispuestos a rasgarse las vestiduras cuando hay reflectores, se amontonaron contra uno de los suyos. Vaya, hasta la gobernadora salió con una indignación impostada a respaldar a la Fiscalía para que impugnara el cambio de medida cautelar.
Políticos y medios del oficialismo se se sumaron a la embestida con una sospechosa sincronía que no pasó inadvertida. El tema se volvió agenda, como pocos temas pueden hacerlo sin intereses impulsándolos detrás.
El espectáculo, entonces, se convirtió también en un juicio público contra el propio juzgador. La embestida contra el togado dejaba una advertencia para el resto del Poder Judicial. Producir un “chilling effect”, o “efecto inhibidor”, para disuadir a los demás, no mediante amenaza expresa, sino mediante el temor a correr la misma suerte.
DISCIPLINA JUDICIAL
El fondo del asunto no está únicamente en si Manuel Jurado Torres o Juan Pablo Campos López favorecieron indebidamente o actuaron conforme a derecho. Sobran casos para decir que este tipo de favoritismo ocurre a menudo.
De acuerdo con conocedores del Poder Judicial, la cuestión aquí es la dimensión política que adquieren estos casos, a la luz del contexto que se vive día a día tras bambalinas en las instituciones de procuración e impartición de justicia.
El fondo del asunto es el control. Hacer de un puñado de juzgadores un ejemplo para que los demás no se salgan del huacal. Para que cuando la cúpula de la $eñora abandone el poder formal, quienes permanezcan en los tribunales sepan que hay decisiones que es mejor no tomar, intereses que es mejor no tocar y cuentas que es mejor no ajustar.