“Este informe es meramente político, los números y datos, sin evaluación, son irrelevantes, pues no es posible conocer a profundidad el impacto de las acciones. Pero si este documento es para la foto, está perfecto con sus más de 300 páginas”, afirmó la diputada del Partido del Trabajo, Jael Argüelles Díaz, durante su posicionamiento referente al Primer Informe de Gobierno.
Esta fue una de sus primeras participaciones en tribuna luego de asumir la curul de su hermana, Deyanira Ozaeta Díaz, quien pidió licencia por hasta seis meses por motivos de salud. Su fuerte posicionamiento en contra de la administración panista de María Eugenia Campos contrasta con el tono tibio de su antecesora.
En este tenor, la joven legisladora precisó que no se puede hablar de transparencia y rendición de cuentas efectiva, pues el documento solo abarca los meses de octubre a diciembre de 2021 y el año 2022, es decir, que no cumple con una temporalidad anual y carece de los elementos necesarios para poder hacer una evaluación real.
“La justificación es que se trató de un período para “poner en orden la casa”, pero eso significa que la administración no hizo nada. Así que desconocemos lo que corresponde a los primeros tres meses de la administración, y para esta Representación, no hay acciones”, indicó.
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En tribuna, la legisladora del PT, denunció que la administración estatal se niega a brindar mejores condiciones de seguridad para las y los trabajadores de la salud, ante la difícil situación que se ha vivido en la zona serrana, donde médicos, residentes y prestadores de servicio social arriesgan su vida.
A tal efecto, añadió que es importante atender los requerimientos que se han quedado en el olvido de los hospitales, al igual que la atención primaria, puesto que aún existen condiciones precarias que vulneran los derechos de las personas.
“La atención de primer nivel es fundamental, a través de ella las médicas y médicos pueden percatarse de si los padecimientos son comunes y se resuelven inmediatamente, o bien, se trata de enfermedades que requieren ser canalizadas a un especialista. Básicamente, de esto depende la salud de miles de personas y si ese primer nivel es incapaz de arrojar estas estimaciones, simple y llanamente, no sirve de nada”, insistió.
Cabe mencionar que las clínicas móviles donde se brinda atención a las localidades, en promedio se gastan 33 pesos por medicamento, por lo que la legisladora cuestionó qué clase de atención es la que se puede brindar con esta cantidad de dinero.
Por último, puntualizó que no puede aplaudir lo que es una obligación de esta administración. “Sabemos que se está trabajando, pero no lo que se prometió, ni lo necesario para brindarle bienestar a las familias chihuahuenses”.