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En un esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden, elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) y de las Fuerzas Armadas Federales llevaron a cabo una operación crucial al localizar y destruir una pista de aterrizaje clandestina en el municipio de Guachochi. Esta acción se enmarca dentro de los operativos de reforzamiento tácticos que buscan preservar la seguridad en la región.

Las labores de destrucción de esta pista clandestina se llevaron a cabo en el contexto de las operaciones conjuntas de los elementos Centinela de la SSPE, en colaboración con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante los recorridos de seguridad en la accidentada geografía de la región serrana, los agentes policiacos de la Dirección Operativa Zona Centro Sur hicieron un descubrimiento preocupante: una pista clandestina que se encontraba en proceso de ser reacondicionada para su uso.

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Ante esta evidente amenaza, los agentes tomaron medidas inmediatas y procedieron a la destrucción de la pista. Además, se levantó un informe detallado sobre la ubicación, a fin de mantener una vigilancia constante en futuros patrullajes.

INFRAESTRUCTURA CRIMINAL: UN DESAFÍO PARA DESMANTELAR

En México, el uso de pistas de aterrizaje clandestinas ha sido una herramienta estratégica para el crimen organizado durante décadas. Estas pistas se utilizan principalmente para el tráfico de drogas ilegales, pero también pueden estar involucradas en actividades como el contrabando de armas, el tráfico de personas y otros delitos transnacionales. La geografía diversa y vasta de México, que incluye regiones montañosas y áreas rurales remotas, proporciona el terreno perfecto para la construcción y operación de estas pistas clandestinas, ya que su ubicación en zonas aisladas dificulta la detección por parte de las autoridades.

La construcción y operación de pistas clandestinas a menudo involucra a organizaciones criminales altamente sofisticadas que tienen la capacidad de coordinar vuelos desde y hacia América del Sur, particularmente países como Colombia y Perú, donde se produce la mayor parte de la cocaína que se trafica hacia los Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Estas organizaciones han invertido en aviones de carga modificados y han establecido redes de logística que incluyen el transporte terrestre y la protección armada de las pistas, lo que les permite operar con relativa impunidad en algunas áreas del país. A pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas y estadounidenses para rastrear y desmantelar estas pistas, su número y uso continúan siendo un desafío constante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México.

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