Ante el incremento de la violencia digital y los ciberdelitos en agravio de la reputación y la seguridad de las personas, la diputada local por Morena, América García, propuso clasificar como delito electoral, así como responsabilidad administrativa grave la utilización de los bots en el ámbito político-gubernamental.
Explicó que en particular existe un tipo de desarrollo técnico conocido como “bots”, un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas mediante Internet a través de una cadena de comandos o funciones autónoma y subrayó que normalmente estos bots ejecutan tareas simples y estructuralmente repetitivas, que serían imposibles de realizar por una persona.
“El uso de estas cuentas automatizadas ha formado parte de las estrategias de comunicación política de candidatos y servidores públicos que buscan manipular la opinión pública en su favor o contra un oponente, haciendo uso de estrategias de aumento de seguidores o reacciones positivas a un candidato de forma masiva, secuestrando sondeos en favor de este o atacar o influir en ataques a contrarios”, señaló García Soto.
Asimismo, la legisladora originaria del noroeste enfatizó que otra consecuencia negativa del uso de los “bots”, es que inhibe la participación ciudadana, dejando espacios vacíos a la misma clase política que ha considerado hasta hoy, estas actividades como una cuestión de moralidad personal, y no como un asunto público. Asimismo, su utilización involucra a su vez un mal uso de los recursos públicos, al ser financiados la mayor parte del tiempo con dinero destinado a las áreas de comunicación social.
“Aunado a las otras iniciativas que he presentado en materia de violencia y ciberacoso, es que en esta iniciativa presento iniciativa con carácter con la intención de que se reformen diversos ordenamientos en materia de violencia digital y manipulación”, concluyó la legisladora morenista América García Soto.
Cabe destacar que la iniciativa contempla que incurrirá en abuso de funciones, la persona servidora o servidor público que, a través de sí o de tercero, haga uso de aplicaciones de software automatizada o cuentas de redes sociales falsas, para difundir información a favor o en contra de un servidor público.