Destaca que, gracias a su intervención y la denuncia presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la petición para que la Profepa y la Semarnat iniciaran investigaciones sobre la contaminación emitida por la empresa cementera, se han obtenido resultados concretos después de casi tres meses de trabajo. Estos resultados incluyen clausuras parciales y completas de instalaciones de la fábrica por operar sin licencias federales y ser contaminantes.
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“Se clausuraron dos de los tres hornos al 100 por ciento y el tercero funciona al 90 por ciento, bajo la condición de que se realicen nuevas emisiones siguiendo los métodos autorizados por la Profepa. Además, se clausuró el 50 por ciento de los patios de la fábrica debido a fugas de emisiones fugitivas, lo que ha sido una de las principales fuentes de contaminación que hemos visto en la ciudad de Chihuahua”, explicó la diputada.
Pérez Reyes también señaló que durante la auditoría realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a Cementos de Chihuahua, se descubrió que la empresa mide sus emisiones de partículas contaminantes con un método no autorizado en México. Asimismo, se encontró que la fábrica no cuenta con los dispositivos necesarios, como cañones de humedad, para evitar que estas partículas contaminantes se dispersen en el ambiente.
Ante estas revelaciones, la diputada Pérez Reyes espera que Cementos de Chihuahua coopere plenamente para corregir todas las irregularidades detectadas, tanto por el bienestar de la comunidad como por el éxito continuo de su operación comercial.