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Chihuahua, Chih. – 21 de noviembre de 2024. El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Soto, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Chihuahua para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el objetivo de sancionar específicamente el acoso laboral, acoso sexual, abuso sexual y hostigamiento sexual cometidos por servidores públicos. Actualmente, estos delitos no están contemplados como faltas graves en la legislación vigente.

Soto destacó que la propuesta responde a la urgente necesidad de erradicar conductas que vulneran los derechos humanos y generan ambientes laborales hostiles. En sus declaraciones, subrayó: “La violencia laboral afecta directamente el desarrollo personal, profesional y social de las víctimas. Es fundamental que desde la ley administremos las herramientas necesarias para prevenir y sancionar estos actos”.

La reforma propuesta por Soto incluye la adición de definiciones y medidas específicas en la legislación, con sanciones que pueden incluir la suspensión, destitución e incluso inhabilitación de los servidores públicos responsables de estos actos. Además, se incorporan medidas cautelares para proteger los derechos humanos y laborales de las víctimas durante el proceso legal.

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37% DE MUJERES SUFREN ACOSO LABORAL EN CHIHUAHUA

El diputado también mencionó que la situación es particularmente grave en Chihuahua, donde el 37.8% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia laboral en algún momento de su vida. “No podemos permitir que actos como el acoso laboral y sexual sigan ocurriendo en la administración pública. Es una deuda que tenemos con las y los trabajadores que enfrentan estas agresiones en silencio por temor a represalias”, comentó.

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Finalmente, la iniciativa busca alinear la legislación estatal con los tratados internacionales y protocolos existentes, con la intención de garantizar un entorno laboral digno y respetuoso en el servicio público. Con las reformas, se espera fortalecer la cultura de respeto y equidad en el ámbito público, protegiendo a todas las personas contra cualquier forma de violencia laboral.