El Congreso del Estado de Chihuahua exhortó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a regularizar, rehabilitar y poner en funcionamiento un hospital rural en la comunidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo. Desde 2015, el hospital cuenta con un terreno de más de nueve hectáreas y una edificación destinada a este propósito, donados en beneficio de la institución.
Además, el llamado incluye a la Secretaría de Salud Estatal para realizar un diagnóstico integral con enfoque intercultural y de derecho indígena, evaluando las necesidades y posibilidades de instalar infraestructura y servicios de salud en comunidades de la Sierra Tarahumara, como Cinco Llagas, Coloradas de la Virgen y Palos Muertos, también en Guadalupe y Calvo. En caso de ser viable, se solicita coordinarse con las autoridades federales para construir y equipar clínicas médicas permanentes que garanticen atención de calidad.
La proposición, presentada por la diputada Edith Palma Ontiveros (MORENA), subrayó los retos persistentes en la región. “Si bien es cierto que desde las instituciones de los gobiernos federal y estatal se han implementado varias estrategias para mejorar los servicios de salud en la Sierra Tarahumara, lo cierto es que el reto aún es enorme”, afirmó la legisladora.
RAZAGO EN SERVICIOS DE SALUD MOTIVA URGENCIA
Palma Ontiveros destacó que la Sierra Tarahumara enfrenta niveles alarmantes de desnutrición, afectando al 80% de la población indígena, especialmente a las infancias. Asimismo, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, los municipios de Guachochi y Guadalupe y Calvo ocupan el segundo y cuarto lugar, respectivamente, en índices de mortalidad materno-infantil entre los diez municipios serranos, superando en más de cinco puntos porcentuales la media estatal.
“Estos dos municipios, paradójicamente se encuentran dentro de los diez más poblados de la entidad, y cualquier razonamiento lógico nos llevaría a deducir que deberían tener mayor inversión presupuestal, y mejores estrategias y proyectos institucionales para la atención a la salud de sus habitantes, pero no es así; esta realidad se agrava porque no hay doctores ni enfermeras, ni nuevos hospitales, ni puesta en marcha de las clínicas abandonadas, evidenciando la exclusión histórica de la población indígena del acceso a los servicios médicos”, añadió la diputada.
Actualmente, el edificio destinado a ser un hospital rural se encuentra en deterioro, con infraestructura dañada y en desuso. “El único personal, que es financiado por el municipio, consta de una enfermera”, mientras que la clínica del IMSS que ha operado por casi cincuenta años en la zona, apenas cuenta con un médico y dos enfermeras, situación que se agravó con el retiro del médico hace dos meses.
El Congreso subrayó la urgencia de atender estas carencias para garantizar el acceso a la salud de las comunidades indígenas y rurales, buscando revertir décadas de abandono en la región.