Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- Un grupo de ciudadanos chihuahuenses que integran la Alianza del primero de junio del 2025, presentaron una solicitud ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para que se anule la entrega de constancias de mayoría a quienes ocuparan las nuevas magistraturas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
A través de un comunicado, señalaron que no solo hubo prácticas irregulares, sino que incluso fueron evidentes para el público en general, y con una actitud de permisividad (hasta posible complicidad) por parte de las autoridades encargadas del proceso.
También denuncian que varias de las personas que resultaron electas no cumplieron con los requisitos establecidos por la Constitución para ocupar esos cargos. Y que, a pesar de esto, el Instituto Estatal Electoral (IEE) no revisó como debía el perfil de los más votados.
La solicitud que presentaron ante el TEE para la anulación de entrega de constancias de mayoría fueron a las siguientes personas:
Rubén Aguilar Gil
José Luis Chacón Rodríguez
Nyria Janette Trevizo Rivera
Gloria Angélica Mendoza Beltrán
Cristina Guadalupe Sandoval Holguín
Emmanuel Chávez Chávez
Gerardo Javier Acosta Barrera
Marcela Herrera Sandoval
Explican que en varios de estos casos, se les permitió evitar el cumplimiento de requisitos legales sólo por haber ocupado el cargo de “secretario de acuerdos”, aunque no eran magistrados o magistradas en funciones. Esa “exención”, dicen, no tiene base legal.
También resaltan que Rubén Aguilar y Gloria Mendoza fueron designados como secretarios justo mientras se desarrollaba el proceso, lo que para ellos muestra un uso indebido de cargos públicos para favorecerse en la elección.
Sobre Gerardo Javier Acosta, aunque ya era magistrado, hay dudas sobre si cumple el promedio académico. Y en el caso de Marcela Herrera Sandoval, dicen que su experiencia está más ligada a lo académico y administrativo, sin trayectoria real en juicios de lo familiar, lo que consideran riesgoso.
La Alianza del primero de junio cerró el comunicado diciendo que el Poder Judicial necesita personas con verdadera preparación, ética y compromiso, y que permitir la llegada de perfiles que no cumplen con los requisitos daña la confianza ciudadana en la justicia.
El pronunciamiento fue firmado por Eduardo Gómez Caballero y Briana Díaz Esparza, en representación de la Alianza.