Chihuahua, Chih.- La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Greycy Durán, reiteró su enérgico llamado a las autoridades judiciales y de seguridad de Chihuahua para que reconsideren la reclusión de Abraham Alejandro F.D., persona imputada por el homicidio del niño Jasiel Giovani, en un penal varonil, y no en el Centro de Reinserción Social para Mujeres, donde actualmente se encuentra.
La legisladora, quien ha trabajado de manera cercana con mujeres privadas de la libertad y ha promovido gestiones en favor de sus derechos, expresó esta tarde en entrevista para Juan Enrique López Aguirre su inquietud por el riesgo que representa mantener a esta persona dentro de un penal femenino.
El acusado había adoptado durante años una identidad masculina, incluso en el momento de su detención y primera audiencia judicial, lo que, desde su perspectiva, pone en entredicho su reclusión en un centro para mujeres.
Durán recordó que en el Cereso femenil de Chihuahua viven mujeres que han sido víctimas de violencia, madres con hijas e hijos pequeños, y otras en condiciones de alta vulnerabilidad.
La presencia de un individuo con antecedentes de extrema violencia y con un perfil que, considera, representa un potencial riesgo, podría vulnerar la integridad y seguridad de las internas.
PRESENTÓ EXHORTO DESDE CÁMARA DE DIPUTADOS
Cabe recordar que desde la tribuna federal, la diputada presentó un exhorto para que el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal reconsideren el lugar de reclusión del acusado y se tomen decisiones con base en la protección tanto de las personas privadas de la libertad como de la legalidad del proceso.
Asimismo, expresó su preocupación ante versiones que indican la posibilidad de que el imputado acceda a beneficios jurídicos que podrían facilitar su liberación.
En ese tenor, insistió en que el caso debe manejarse con responsabilidad, sensibilidad y perspectiva de niñez, privilegiando en todo momento el derecho a la justicia de la víctima y la protección de posibles víctimas indirectas dentro del sistema penitenciario, antes que a la propia persona responsable.
El caso conmocionó a la sociedad chihuahuense desde el hallazgo del cuerpo sin vida del niño de ocho años, el pasado 3 de julio, en el fraccionamiento San Agustín.