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Por: Alan Martínez

Chihuahua, Chih.- La propuesta de reforma electoral que prepara el Gobierno federal no ha sido presentada aún, pero ya enfrenta resistencia. Desde el Congreso local, el diputado panista Alfredo Chávez Madrid encendió las alertas al advertir que el plan podría representar una regresión democrática, justo cuando en Chihuahua -dijo- se han fortalecido mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal.

Uno de los focos de preocupación es la intención de eliminar las diputaciones plurinominales, lo que en la práctica reduciría el acceso de minorías políticas al Congreso y debilitaría el principio de representación proporcional. 

El tema ha comenzado a generar fricciones incluso antes de que la iniciativa llegue al Legislativo federal.

“Temo mucho porque la Cuarta Transformación es centralista. No cree en el federalismo, no cree en el municipalismo. Y me preocupa eso, justamente. La democracia en Chihuahua está tan avanzada que hoy tenemos audiencias públicas, hoy tenemos presupuestos participativos en todos los municipios. Y me preocupa que es una regresión de derechos políticos electorales. Y, bueno, ojalá y me equivoque”, expresó el legislador.

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La reforma será liderada por Pablo Gómez, recién relevado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En opinión de Chávez, el nombramiento no garantiza imparcialidad. 

“Yo no comparto la decisión de la presidenta de nombrar a Pablo Gómez (…) Creo que es un personaje radical. Ojalá y me equivoque. Habrá que esperarla, habrá que analizarla”, añadió.

Pese a que el contenido de la reforma se mantiene bajo reserva -el Gobierno de México ha anunciado que realizará una encuesta nacional como primer paso-, el PAN ya evalúa rutas de respuesta institucional. Chávez adelantó que los legisladores federales de su partido, entre ellos Ricardo Anaya y Jorge Romero Herrera, estarían trabajando en una contrapropuesta.

El legislador local recalcó que, lejos de lo que ocurre a nivel nacional, en Chihuahua se ha consolidado un modelo democrático con ejercicios de deliberación pública y presupuestos abiertos, logros que ahora podrían estar en riesgo si se impone una visión electoral “cerrada y centralista”.

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