Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- El agua se desperdicia todos los días en calles, tuberías y válvulas rotas mientras los ciudadanos deben pagar por un servicio que no reciben completo. Esta fue la premisa que motivó a la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Alma Portillo, a presentar una iniciativa para reformar la Ley del Agua del Estado y obligar legalmente a los organismos operadores a detectar y reparar de manera efectiva las fugas en las redes de distribución.
Portillo planteó la creación del artículo 36 Bis en la legislación estatal, el cual establecería medidas concretas y verificables para atender una de las mayores ineficiencias del sistema hídrico en Chihuahua, es decir, que las fugas que permanecen sin resolver durante semanas o incluso meses.
“El agua potable no es un privilegio ni una dádiva, sino un derecho humano fundamental”, sostuvo.
Aseguró además que cuando las autoridades permiten la pérdida del recurso por negligencia o desinterés, se está violando directamente la Constitución.
La legisladora centró su crítica en el contraste entre lo que se exige a la ciudadanía -pagos puntuales- y lo que realmente se ofrece: un servicio deteriorado, sin mantenimiento preventivo y sin respuesta institucional eficiente.
En municipios como Parral, ejemplificó, “mientras se exige a los ciudadanos el pago puntual, completo y sin excusas del servicio de agua potable, el sistema público permite (por omisión institucional) la pérdida diaria de miles de litros”.
La propuesta busca corregir un vacío normativo que, según Portillo, ha permitido la inercia, la opacidad y la falta de responsabilidad. Plantea desde un sistema de reportes con seguimiento, hasta bitácoras públicas de mantenimiento y consecuencias legales para las autoridades omisas.
“Esta situación es más que una ineficiencia operativa: es un agravio, un retroceso, y una forma de violencia institucional que debe corregirse de inmediato”, sentenció.
“Quien desperdicie el agua por omisión responderá. Quien ignore las fugas sistemáticamente, enfrentará las consecuencias. Y quien quiera cobrar sin garantizar el servicio, deberá responder con transparencia, eficiencia y responsabilidad”.