Pide Congreso ampliar y reforzar la atención a la salud mental de personas adultas mayores
Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron por unanimidad de votos, la solicitud a diversas instancias del sector salud del Gobierno del Estado para que refuercen y amplíen las políticas públicas enfocadas a la atención a la salud mental de las personas adultas mayores en Chihuahua.
Este punto de acuerdo, fue presentado por la diputada Herminia Gómez Carrasco de MORENA y se dirige a la Secretaría de Salud Estatal, al Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), a Pensiones Civiles del Estado (PCE), al Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua (IMPE) y al Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud Mental (IMPAS).
Precisa que, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen, fortalezcan y amplíen los programas de atención en salud mental, además que implementen campañas permanentes de detección temprana, prevención y atención de padecimientos y capaciten al personal médico, psicológico y de enfermería en salud mental geriatra, con enfoque integral y de derechos humanos.
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Dijo en tribuna que, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señala que una persona adulta mayor, es aquella que cuenta con 60 años o más de edad y que, se encuentran domiciliadas en el territorio nacional, mientras que la salud se compone de la física, la social y la mental. Esta última referida como el bienestar, la prevención de los trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.
“La salud mental es un componente esencial del bienestar integral de toda persona, y su preservación debe ser prioritaria en las políticas públicas de salud; estas personas representan un sector particularmente vulnerable dado a que enfrentan múltiples factores de riesgo como el aislamiento social, la pérdida de seres queridos, el deterioro físico y cognitivo y en muchos casos, la exclusión o el abandono”, afirmó.
Por lo anterior, recalcó que es fundamental que las instituciones encargadas de la salud y el bienestar social, en coordinación con los poderes públicos, garanticen el derecho de las personas adultas mayores a una atención médica integral, digna y con enfoque especializado en la salud mental, a través de políticas, programas y servicios accesibles, suficientes y culturalmente pertinentes.