Chihuahua, Chih., 6 de noviembre de 2025.— El diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado un exhorto dirigido al Fiscal General del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, con 11 preguntas sobre la actuación de la Fiscalía en el caso de libertad adelantada concedida a un sentenciado por secuestro, identificado como Édgar Hernán, hermano de una magistrada en funciones.
El legislador explicó que el sentenciado fue condenado a 37 años de prisión por el delito de secuestro, con fecha original de excarcelación para el 9 de enero de 2057. Sin embargo, el Juez de Ejecución de Penas, Juan Carlos Erives, le otorgó el beneficio de semilibertad, lo que generó preocupación social.
“Permitir que un secuestrador solo se interne en el penal de viernes a domingo es, a todas luces, una burla a la seriedad de la pena y un riesgo innecesario para la sociedad”, expresó Torres Estrada.
El diputado reconoció la actuación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, que interpuso de inmediato un recurso de apelación contra la decisión del juez, lo que —dijo— demuestra compromiso con la legalidad. Sin embargo, señaló la coincidencia temporal entre la resolución y la reciente entrada en funciones del nuevo Poder Judicial del Estado, subrayando además que el beneficiado es hermano de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de investigar y sancionar faltas de jueces y magistrados.
Ante este contexto, el legislador juarense planteó una serie de cuestionamientos al titular de la Fiscalía General del Estado sobre tres ejes: la resolución judicial, los tiempos y la transparencia del proceso, así como el impacto social del caso.
Entre los puntos más relevantes, Torres pidió conocer:
- La postura oficial de la Fiscalía sobre el resolutivo que anuló la semilibertad y ordenó reponer el procedimiento.
- Las fallas o inconsistencias detectadas en la decisión del Juez Erives Fuentes.
- Si el cambio de juez garantizará una aplicación más estricta de la ley en delitos graves.
- Las medidas de transparencia que se adoptarán ante la inquietud pública.
- Y el mensaje que la Fiscalía busca enviar a las víctimas de secuestro tras impugnar y revertir la decisión.
Finalmente, el legislador cuestionó si este caso pone en evidencia la necesidad de revisar los criterios legales para la aplicación de la figura de semilibertad en delitos de alto impacto como el secuestro.