Chihuahua, Chih.– El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el fin de reducir el impacto ambiental de las construcciones públicas mediante el uso obligatorio de materiales reciclados o reutilizables, así como de recursos humanos y materiales propios de cada región. La medida busca que las nuevas obras incorporen prácticas sostenibles desde su planeación y ejecución.
El dictamen, presentado en tribuna por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, establece que los entes públicos deberán considerar estos materiales en cada obra pública. Según el legislador, el objetivo de la modificación es “que los entes correspondientes consideren en la planeación de cada obra pública el uso de materiales reciclados o reutilizables”, con la intención de “reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad en la realización de las obras públicas”. Para ello, se reformaron los artículos 13 y 94 de la legislación vigente.
De forma paralela, el Congreso también aprobó cambios a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado para permitir que los municipios puedan disponer antes de cinco años de los inmuebles que hayan recibido en cesión gratuita, siempre que los destinen a educación pública, seguridad pública o servicios de salud.
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El diputado Ismael Pérez Pavía explicó que esta modificación “vendrá a garantizar con mayor prontitud los derechos sociales a la salud, la educación y la seguridad de las familias chihuahuenses”. La reforma aclara que, por regla general, las áreas de equipamiento urbano cedidas a los municipios son consideradas de dominio público y no pueden ser objeto de actos de dominio hasta después de cinco años, salvo que ya no representen utilidad para la comunidad y se justifique su desafectación conforme a la Ley de Bienes del Estado.
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No obstante, la restricción no aplicará cuando dichos inmuebles se utilicen para servicios públicos esenciales, siempre y cuando el Ayuntamiento lo apruebe. Con este ajuste, los municipios podrán habilitar con mayor rapidez espacios para escuelas, centros de salud y áreas de seguridad, sin esperar el plazo de cinco años.