Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- Durante las actividades del 20 aniversario del Ichitaip, el ex presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, abrió la posibilidad de que Chihuahua adopte un modelo propio de transparencia, aun cuando la reforma constitucional reciente colocó a los órganos garantes bajo control del Gobierno federal.
El especialista explicó que el nuevo marco nacional no impide que las entidades mantengan prácticas independientes, debido a que la reforma no creó herramientas legales para sancionar a un estado que no siga estrictamente la reorganización planteada. Señaló que, en ausencia de un procedimiento formal, no se configura un desacato.
“No hay ningún procedimiento ante el Poder Judicial federal para que se dé un desacato. Tendría que haber un procedimiento”, dijo al insistir en que este vacío abre un margen de actuación para las entidades. Más tarde añadió: “Habrá que verlo desde el ámbito constitucional, pero no veo una consecuencia jurídica (…) vivimos en un pacto federal, no un pacto centralista”.
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Alcalá sostuvo que, aunque la reforma eliminó la autonomía de los órganos de transparencia, el diseño constitucional vigente aún permite que las instituciones estatales establezcan contrapesos internos.
Para ilustrarlo, recordó que organismos como la UNAM y el Banco de México continúan operando con reglas que les dan independencia, pese a estar dentro de estructuras nacionales que no responden a la contraloría federal.
Desde su perspectiva, si el Congreso del Estado, la universidad pública, la fiscalía y otros entes deciden fortalecer sus mecanismos internos, Chihuahua podría avanzar hacia un sistema que limite la intervención del Ejecutivo en la gestión de la información pública.
Al referirse al proceso legislativo de la reforma federal, Alcalá reprochó que se ignoraran alternativas que él y otros especialistas plantearon para reducir costos sin sacrificar autonomía. “Les propusimos varios esquemas (…) le hicimos al menos siete propuestas de reestructuración, pero el argumento nunca encontró eco”, señaló.
También advirtió que el nuevo modelo deja al ciudadano en desventaja, ya que la autoridad que recibe una solicitud de información es la misma que evalúa su propia actuación, lo que —dijo— facilita la reserva de datos que deberían ser públicos.
Aunque evitó recomendar un camino específico, Alcalá dejó abierta la idea de que el estado podría conservar un funcionamiento similar al anterior sin consecuencias previstas en la ley. “Quizá mantener el esquema… que no veo ningún señalamiento ni consecuencia jurídica si no se cumple con el mandato constitucional”, sugirió.