Chihuahua, Chih., 19 de noviembre de 2025.– La diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, acusó a partidos de oposición y grupos afines de llevar a cabo una campaña “coordinada de desinformación y falsedades” contra la reforma a la Ley Nacional de Aguas, actualmente en análisis legislativo. Según la legisladora, esta estrategia busca generar temor entre campesinos y productores argumentando que la iniciativa pretende quitar concesiones, lo cual calificó como falso.
“La ley debe modificarse, y debemos desmontar la ola de mala información que la oposición ha soltado para confundir a las y los ciudadanos. Andan diciendo que alguien quiere quitar concesiones, aprovechándose políticamente de una situación tan seria. Es un juego sucio y descarado”, expresó.
HERENCIA DEL SALINISMO, INADECUADA PARA PANORAMA ACTUAL
Pérez Reyes recordó que la Ley de Aguas Nacionales vigente data de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un periodo que –señaló– se caracterizó por la entrega del patrimonio nacional en múltiples sectores, “desde ferrocarriles y carreteras hasta instituciones estratégicas… y hasta el agua”. Afirmó que el marco legal actual fue diseñado para “endosar el líquido al mejor postor en el mercado”, permitiendo abusos y falta de control.
La diputada expuso datos sobre la crisis hídrica que atraviesa Chihuahua, indicando que los sectores que se han movilizado en protesta no señalan el problema de fondo. Precisó que en el estado existen 8 mil pozos ilegales, mientras que la Comisión Nacional del Agua carece de herramientas jurídicas eficaces para sancionar a los responsables. En la región del río Conchos, añadió, 36 zonas con 66 mil habitantes no tienen agua potable y 21 mil hogares carecen de agua para consumo humano.
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“¿Por qué creen ustedes que a César Duarte no se le pudo meter directamente a la cárcel cuando se le encontró una presa de 3 millones de metros cúbicos en su rancho? ¿Y dónde están los otros 8,000 con pozos ilegales? ¿Por qué nadie los menciona? ¿A quién protegen?”, cuestionó.
Pérez Reyes afirmó que Chihuahua enfrenta uno de los niveles más altos de estrés hídrico del país, mientras continúan otorgándose concesiones a grandes corporativos “como si el agua fuera infinita”. En ese marco, sostuvo que la reforma resulta urgente para adecuar la ley a la realidad climática, resguardar el recurso, garantizar un acceso justo a la población y poner freno a quienes “se enriquecieron del caos hídrico durante décadas”.
“Esta reforma no es un capricho: es una defensa del derecho humano al agua y una oportunidad de romper con los privilegios que secaron a Chihuahua”, concluyó.