Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- La organización Retén Ciudadano volvió a colocar al derecho vehicular en el centro del debate público al instalar este jueves un punto de protesta frente al Congreso del Estado. Desde ahí, sus integrantes reclamaron que el cobro vigente se ha convertido en una carga desproporcionada para miles de automovilistas.
Jesús Benjamín Nobeira Morales, uno de los voceros del colectivo, reprochó que año tras año plantean a las y los legisladores alternativas basadas en criterios constitucionales, pero estas terminan descartadas.
Aseguró que el monto que se aplica actualmente responde más a determinaciones de la Secretaría de Hacienda estatal y de la administración de María Eugenia Campos Galván que a un análisis sustentado.
“Son imposiciones del Gobierno del Estado (…) todos tenemos la obligación de pagar impuestos, sí, pero un impuesto proporcional y equitativo y conforme al aumento al salario mínimo, no a las ocurrencias de ellos que es nomás saquear el bolsillo de tanto chihuahuense…”
En su intervención, recordó que la Constitución obliga a contribuir al gasto público, aunque subrayó que esa obligación debe sujetarse a parámetros de proporcionalidad y equidad. Desde su perspectiva, el diseño del cobro no guarda relación con el incremento del salario mínimo y termina favoreciendo a quienes poseen vehículos de alto costo.
Nobeira señaló que los propietarios de autos con valores modestos son quienes resienten con mayor dureza el pago anual, mientras que, dijo, se genera un efecto de subsidio involuntario hacia unidades que pueden alcanzar precios muy superiores.
A modo de contraste, mencionó que hace una década el pago era significativamente menor y que incluso la desaparecida tenencia representaba un gasto más llevadero.
El representante de Retén Ciudadano mencionó que en diversas entidades del país el derecho vehicular se mantiene entre 200 y 600 pesos, cifras que, afirmó, están lejos de lo que desembolsan hoy los contribuyentes en Chihuahua.
Por ello, demandó que el Congreso abra una discusión real sobre la manera en que se fija el cobro y sus impactos en la ciudadanía.