Ante la problemática de robos, extorsiones y otros delitos en carreteras y puentes federales, fue presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Caminos y Puentes Federales, con el objetivo de atender la denuncia, investigación y persecución de este tipo de ilícitos.
La propuesta del senador por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, plantea reformar el artículo 11 de la Ley de la Fiscalía General de la República para establecer una instancia específica que permita una actuación directa y eficaz frente a la creciente inseguridad en vías federales, problemática que afecta al autotransporte, a productores del campo, a las cadenas de abasto y a millones de personas que transitan diariamente por estas rutas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en septiembre de 2025 el 57.1% de la población manifestó sentirse insegura al transitar por carreteras del país, lo que evidencia el deterioro de las condiciones de seguridad en estas vías. A ello se suma información de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que reportó 1,729 robos en carreteras tan solo en mayo de 2025, reflejando niveles de incidencia delictiva considerados alarmantes.
Diversos informes periodísticos documentan que en México ocurre un intento de robo en carretera cada cincuenta minutos y que durante 2024 se registraron más de 24 mil robos de carga, lo que representó un incremento del 16% respecto al año anterior. Las entidades más afectadas han sido el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz.
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En este contexto, transportistas y productores han señalado la falta de una autoridad claramente identificada para atender estos delitos, situación que genera desconfianza, impunidad y percepción de abandono institucional, pese a que el autotransporte moviliza más del 58% de la carga del país, traslada al 93.7% de los pasajeros y genera más de 2.3 millones de empleos directos, según datos oficiales.
“La creación de esta Fiscalía especializada responde también a los acuerdos alcanzados entre productores y autoridades federales tras recientes movilizaciones, y busca traducir esos compromisos en una acción concreta que fortalezca la seguridad, la legalidad y el desarrollo económico nacional”, se indicó.