Las revelaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el proyecto de la Torre Centinela confirman lo que desde hace tiempo se advertía: un proyecto mal planeado, opaco desde su origen y ejecutado con graves irregularidades que hoy comprometen recursos públicos y la confianza ciudadana.
La presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por pagos indebidos a la empresa Seguritech marca un punto de quiebre. No se trata de simples fallas administrativas, sino de pagos autorizados por trabajos no realizados, respaldados presuntamente con documentación falsa o alterada. Esto configura un escenario que debe investigarse a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, tanto para la empresa como para los funcionarios que autorizaron y validaron dichos pagos.
La Torre Centinela, anunciada como un símbolo de innovación y seguridad, permanece inconclusa a pesar de que su terminación fue comprometida para enero de 2024. A más de un año de esa fecha, no solo no se ha entregado la obra, sino que las auditorías han documentado incumplimientos reiterados: infraestructura no instalada, equipos no entregados, centros de mando sin operar y modificaciones al proyecto original sin respaldo jurídico claro.
El contrato, otorgado por adjudicación directa por un monto cercano a los 4 mil 710 millones de pesos, fue clasificado como información reservada durante cinco años. Esta decisión alimentó la opacidad y evitó el escrutinio público oportuno, lo que hoy se traduce en un cúmulo de observaciones, sanciones en proceso por más de 98 millones de pesos y una denuncia penal en curso.
Si bien la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha iniciado un proceso de conciliación y ha retenido pagos para garantizar el cobro de sanciones, esto no sustituye la obligación de rendir cuentas. Las multas no reparan el daño ni justifican el uso anticipado de recursos públicos mientras la obra sigue sin concluir y los beneficios prometidos no llegan a la ciudadanía.
El caso de la Torre Centinela también evidencia una grave distorsión en las prioridades del gasto público. Mientras se destinan miles de millones a un proyecto que acumula retrasos e irregularidades, otras necesidades urgentes del estado —infraestructura vial, servicios públicos y obras con impacto directo— permanecen desatendidas.
Hoy no basta con reconocer observaciones ni anunciar procesos administrativos. Se requiere transparencia total del contrato, claridad sobre los pagos realizados, sanciones ejemplares para quienes resulten responsables y una revisión profunda del modelo de contratación y supervisión de proyectos estratégicos.
La Torre Centinela no puede convertirse en un monumento a la opacidad y al mal manejo de los recursos públicos. Chihuahua merece proyectos que cumplan, autoridades que respondan y un uso del dinero público que esté a la altura de las necesidades reales de la gente.