
Ciudad de México.- En medio de la discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido del Trabajo (PT) se desmarcó de uno de los puntos centrales del llamado “plan B”, al rechazar que se modificara la figura de revocación de mandato para permitir su promoción en 2027.
Aunque en lo general la reforma constitucional avanzó en el Senado con el respaldo del bloque oficialista —87 votos a favor y 41 en contra—, los petistas condicionaron su apoyo al retiro de ese apartado. La reserva fue acordada previamente con Morena y permitió eliminar cualquier cambio al artículo 35 de la Constitución, manteniendo intactas las reglas actuales del mecanismo.
El dirigente del PT, Alberto Anaya, confirmó que su bancada no acompañaría esa parte del dictamen, lo que generó reacciones inmediatas en el pleno. A pesar de ello, reiteró el respaldo político de su partido al gobierno federal y a la coalición oficialista, al tiempo que subrayó que la alianza se mantiene sólida rumbo a los próximos procesos electorales.
Desde la oposición, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sostuvieron su rechazo al proyecto al considerar que favorecía al partido en el poder.
La panista Mayuli Martínez cuestionó que se pretendiera involucrar a la titular del Ejecutivo en la contienda intermedia, mientras que la priista Carolina Viggiano advirtió posibles afectaciones al federalismo y acusó que se buscaba dar ventajas indebidas mediante el uso de recursos públicos. En la misma línea, Clemente Castañeda señaló que la propuesta no representaba beneficios concretos para la ciudadanía.
Finalmente, el pleno aprobó la reserva presentada por la senadora petista Liz Sánchez, con lo que se retiraron las modificaciones a la revocación de mandato. De esta forma, dicho ejercicio se mantendrá en 2028, separado de la elección intermedia, bajo las reglas vigentes.
Pese al ajuste, la reforma conserva otros ejes como la reducción de recursos a congresos locales, el Senado y regidurías. El proyecto será turnado a la Cámara de Diputados y posteriormente a los congresos estatales para su eventual validación.
