Ciudad Juárez, Chih. a 26 de mayo 2026 – El coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, acusó un retroceso en materia de derechos humanos en Chihuahua luego de los hechos registrados durante las manifestaciones de integrantes de la comunidad LGBT+ que exigían la votación del matrimonio igualitario en el Congreso del Estado.
El legislador señaló que personas que acudieron a exigir el cumplimiento de acuerdos legislativos fueron reprimidas, gaseadas y golpeadas por las autoridades estatales, pese a que únicamente buscaban el reconocimiento de un derecho que, afirmó, lleva 16 años pendiente en Chihuahua.
Estrada recordó que el pasado viernes fue aprobado en comisión el dictamen relacionado con el matrimonio igualitario y existía el compromiso público de subirlo al Pleno este lunes en Ciudad Juárez para su votación.
Sin embargo, el decreto no fue presentado, situación que generó inconformidad entre integrantes de la comunidad, quienes acudieron al recinto legislativo para manifestarse.
“Lo que me parece más grave es la forma en que la autoridad estatal actúa cuando ciudadanos piden el ejercicio de sus derechos”, expresó.
El diputado sostuvo que a los manifestantes no se les permitió el acceso al Congreso, pese a tratarse de “la casa del pueblo”, y consideró que la respuesta de las autoridades refleja una visión regresiva sobre las libertades y derechos ciudadanos.
“Mientras en otras partes en el mundo, en otros estados de este país, temas de derechos van evolucionando, pareciera que en Chihuahua vamos como los cangrejos, hacia atrás, retrocediendo”, declaró.
Asimismo, señaló que Chihuahua es uno de los únicos dos estados del país donde aún no se aprueba el matrimonio igualitario, pese a que la discusión lleva más de una década abierta.
Estrada acusó además que en la entidad se han vulnerado derechos relacionados con la libre expresión, el tránsito y la reunión, y responsabilizó directamente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván por este retroceso.
“No podemos desvincular una decisión de la gobernadora María Eugenia Campos en ese sentido”, afirmó.
El legislador calificó como grave la actuación de las autoridades y sostuvo que los hechos reflejan un deterioro en el respeto a los derechos humanos y civiles en la entidad.
“Hoy gasearon y golpearon gente que solo exige un derecho que tiene peleando 16 años y que en 31 estados de la República lo tienen conquistado”, sentenció.