Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- La regidora de la Comisión de Cultura y de Morena, Elena Rojo Almaraz, propuso durante la sesión de Cabildo Rural emitir un exhorto al Gobierno del Estado para reforzar la prevención, detección e investigación de posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado, servidumbre y trata de personas que pudieran afectar a integrantes de comunidades indígenas en Chihuahua.
La regidora sustentó su planteamiento en investigaciones periodísticas que documentan redes de captación y explotación de personas en condiciones de vulnerabilidad, particularmente en regiones serranas del estado, donde señaló que la pobreza, el aislamiento y la falta de oportunidades incrementan los riesgos para los pueblos originarios de Chihuahua.
Rojo advirtió que diversas investigaciones han documentado posibles formas de trabajo forzado y explotación laboral mediante engaños, falsas ofertas de empleo y aprovechamiento de necesidades económicas, por lo que consideró urgente fortalecer las acciones institucionales de prevención y protección.
Dentro de su propuesta, planteó exhortar al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas para que implementen acciones de prevención, atención e investigación de posibles casos que involucren a integrantes de comunidades indígenas.
Sin embargo, durante la discusión, regidoras del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron que el exhorto se limitara al ámbito estatal y propusieron incluir a instancias federales, particularmente a la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que algunos de estos delitos pueden estar relacionados con redes de delincuencia organizada y desplazamiento forzado.
Las panistas Rosa Isela Martínez, de la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada y Joni Barajas, de la Comisión de Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas, señalaron que la problemática requiere la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y defendieron que la Federación también debe asumir responsabilidades en la atención e investigación de estos casos.
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La regidora Elena Rojo cuestionó que la mayoría panista terminara modificando el planteamiento original y sostuvo que de nueva cuenta se buscó trasladar la responsabilidad hacia el Gobierno Federal, pese a que varias de las dependencias señaladas cuentan con atribuciones directas en el estado.
Asimismo, señaló que las comunidades indígenas requieren respuestas concretas de todas las autoridades y advirtió que la problemática documentada no debe convertirse en un tema de confrontación política, sino en una oportunidad para fortalecer los mecanismos de protección a los pueblos originarios.
El debate se centró en definir qué nivel de gobierno debe encabezar las acciones para combatir posibles casos de explotación y atender a personas indígenas en situación de vulnerabilidad, desplazamiento forzado o riesgo de ser víctimas de delitos relacionados con la trata de personas. Finalmente, aprobaron exportar al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal.
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