Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, defendió el convenio de cooperación firmado con la agencia israelí MASHAV y rechazó que implique la privatización del agua o la participación del gobierno israelí en la administración del recurso en Chihuahua.
Durante una rueda de prensa convocada para responder a los señalamientos de colectivos y organizaciones que han exigido la cancelación del acuerdo, el director aseguró que el convenio se limita al intercambio de conocimientos técnicos para fortalecer la gestión hídrica del estado.
“Israel es un referente mundial en cómo gestionar el agua en el desierto”, afirmó Mata, al explicar que Chihuahua busca adaptar experiencias exitosas en eficiencia hidráulica, saneamiento, reutilización de agua y tecnologías de potabilización, debido a las condiciones de sequía que enfrenta la entidad.
“No hay privatización ni inversión extranjera”
Uno de los principales señalamientos realizados por colectivos como Chihuahua Intifada es que el convenio podría abrir la puerta a la privatización del agua o favorecer intereses privados israelíes en la gestión del recurso.
Al respecto, Mata rechazó esa versión y sostuvo que el acuerdo no contempla financiamiento internacional, inversión extranjera, ejecución de obras por parte de Israel ni la presencia de personal israelí en las instalaciones de la JCAS.
“No hay financiamiento internacional, no hay inversión extranjera, no hay ejecución de obras por parte de Israel, no hay personal israelita en nuestras instalaciones. La mayoría de nuestros cursos han sido por medios digitales y es únicamente conocimiento”.
Añadió que la Constitución de Chihuahua y la Ley Estatal del Agua impiden jurídicamente la privatización del servicio, además de que los organismos operadores son administrados por consejos con mayoría ciudadana.
“Esa es la mentira más grande”, dijo al referirse a las versiones que afirman que el convenio permitiría privatizar el agua en el estado.
Responde a cuestionamientos sobre la legalidad del convenio
Otra de las críticas hacia el acuerdo señala presuntas irregularidades durante el proceso de revisión por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sobre ese punto, Mario Mata mostró el oficio emitido por la Cancillería el 15 de marzo de 2023, mediante el cual la dependencia tomó nota de la firma del Plan de Cooperación entre la JCAS y MASHAV e incorporó el documento al expediente correspondiente.
El director explicó que el proyecto fue devuelto previamente para realizar observaciones y correcciones, pero aseguró que una vez atendidas la SRE dio por concluido el procedimiento.
“Mandamos un borrador, nos lo devolvieron, hicimos las correcciones necesarias, lo volvimos a mandar. Esta es la fórmula con la que la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que el proceso está terminado”, sostuvo.
Además, Mata reconoció que Chihuahua enfrenta una sobreexplotación de acuíferos y cuencas, aunque señaló que la administración de las aguas nacionales corresponde al Gobierno federal.
No obstante, colectivos como Chihuahua Intifada sostienen que la problemática también está relacionada con el modelo agrícola predominante en el estado. Con base en datos del ciclo agrícola 2025, señalan que Chihuahua registró más de 104 mil hectáreas sembradas de nogal y cerca de 95 mil hectáreas de alfalfa, cultivos que consideran de alto consumo de agua y que, afirman, ejercen una fuerte presión sobre los acuiferos.
Las declaraciones del director ocurren mientras organizaciones en solidaridad con Palestina mantienen la convocatoria para dos movilizaciones el próximo 1 de agosto en la ciudad de Chihuahua, en rechazo al convenio con Israel y para exigir que México rompa relaciones de cooperación con ese país.
Los colectivos sostienen que el acuerdo no representa únicamente un intercambio técnico, sino la adopción de un modelo de gestión del agua que, aseguran, favorece la privatización y la mercantilización del recurso, además de mantener vínculos con un Estado señalado por organismos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos contra la población palestina