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Por Huizar Flores

Chihuahua, Chih. a 18 de agosto 2026 – Representantes de colectivos ciudadanos, pueblos indígenas y población en situación de vulnerabilidad han sumado esfuerzos para hacer frente en contra de la Reforma Electoral impulsada por el oficialismo en Chihuahua, la cual consideran un retroceso al limitar y reducir sus espacios de participación política.

En total, suman 30 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales, informó Pamela Pérez, activista de participación ciudadana: 7 de ellos por vulenerar los derechos de las mujeres; 19 desde los pueblos y comunidades indígenas; uno para proteger personas con discapacidad; y otro desde la población de la diversidad sexual. A esto se suman 4 incidentes de inejecución de la sentencia que obligaba al Congreso a legislar la elección directa de regidurías.

Rosa María Saenz, del Movimiento Estatal de Mujeres y el Centro de Atención a Mujer Trabajadora, explicó que la reforma debilita el principio constitucional de igualdad sustantiva; reduce herramientas para garantizar la participación política de mujeres; y además limita los mecanismos para combatir la violencia política de género. Por ejemplo, se establecen nuevas restricciones en procedimientos de violencia política, incluyendo un periodo de investigación de 20 días, prorrogable sólo cinco más, y un plazo de prescripción de un año para imponer sanciones.

Por su parte, Edith Díaz Aguirre, maestra de educación indígena, apuntó que la reforma aprobada viola el principio de progresividad, que establece que el Estado debe ampliar y mejorar gradualmente la protección de los derechos humanos y no puede reducirlos o restringirlos una vez reconocidos.

En representación de pueblos y comunidades indígenas, Javier Agüero Holguín, explicó que de 64 municipios con representación indígena en 2021, con la nueva reforma sólo quedarían siete municipios, ademas que pierden la representación indígena para la diputación del distrito local 22 con cabecera en Guachochi.

Los promoventes de estas acciones contra la reforma también señalaron la ley aprobada pone en riesgo las acciones afirmativas. Para las poblaciones de personas con discapacidad y de la diversidad sexual, la reglamentación anterior garantizaba postulaciones diferenciadas; mientras ahora ambos grupos deberán compartir una acción afirmativa equivalente apenas al 2% de las regidurías que los partidos registren en todo el estado.

Laura Lorena Fuentes Aldape, de la Asociación de Personas con Discapacidad en Chihuahua A.C., y Rubén Chávez de la misma población, alertaron que la legislación representa un retroceso para las acciones afirmativas que ganaron los grupos vulnerables a través de los años, y enfatizaron que no son “favores” sino derechos adquiridos. Por su parte, Laura Fuentes insistió en señalar en concreto a los partidos que aprobaron esta reforma: PAN, PRI, MC, PT y Verde.

Nayo Rodríguez del colectivo Eskuela Radical señaló que la reforma nació de partidos que “no quieren compartir el poder” y advirtió a otros estados donde se observan los mismos patrones que derivaron en este retroceso democrático en Chihuahua. “Vamos ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos van a terminar dando la razón. Lo único que están haciendo es dejándose mostrar como lo que son: autoritarios, antidemocráticos, cobardes”, reprendió.

El activista y maestro de educación indígena, Patricio Rodríguez, adelantó que se asesorarán con la Defensoría Pública Federal en un encuentro próximo entre comunidades indigenas de siete municipios y representantes federales.

Los colectivos informaron que presentaron solicitudes para que promuevan las acciones de inconstitucionalidad ante el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, puntualizaron que seguirán promoviendo y acompañando los recursos jurídicos, electorales y de derechos humanos que resulten necesarios frente a su aplicación, hasta agotar todas las vías disponibles para defender los derechos políticos de la ciudadanía chihuahuense.

“En Chihuahua, ningún derecho menos. Ninguna representación menos”, señalaron.

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