Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- La falta de acompañamiento de corporaciones de seguridad para el personal del Instituto Estatal Electoral (IEE) que realiza diligencias en Guadalupe y Calvo fue cuestionada por el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, quien consideró que el organismo cuenta con mecanismos para solicitar protección cuando las condiciones de una localidad representan un riesgo.
El diputado puso en duda que las actuaciones relacionadas con las denuncias contra la presidenta municipal de la citada localidad, Ana Laura González, hayan llegado a un punto de dificultad por razones de seguridad, sin que previamente se haya recurrido a las instituciones encargadas de brindar protección.
A su consideración, la situación podría atenderse mediante una gestión institucional ante la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) o la Guardia Nacional, de manera que el personal electoral pueda desplazarse y cumplir con las notificaciones y demás procedimientos pendientes.
Estrada sostuvo que la presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto, tiene atribuciones para solicitar este tipo de respaldo, por lo que planteó la necesidad de conocer si ya se realizó alguna petición formal a las corporaciones de seguridad.
“La presidenta del Instituto Estatal Electoral tiene todas las facultades para pedir el auxilio de la fuerza pública para poder realizar cualquier actuación. Estoy seguro”, señaló.
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El coordinador morenista consideró relevante esclarecer este punto debido a que las condiciones de inseguridad que enfrenta Guadalupe y Calvo han dificultado el trabajo de los funcionarios electorales encargados de realizar las actuaciones correspondientes.
Para Estrada, recurrir a elementos de seguridad para acompañar a personal que debe cumplir con una diligencia no representa un procedimiento excepcional. Recordó que en el ámbito judicial este mecanismo se utiliza de manera recurrente cuando existe algún riesgo durante una actuación.
Explicó que los notificadores de los juzgados pueden contar con acompañamiento policial para realizar ejecuciones de sentencia y otras diligencias, precisamente como una medida para garantizar que los procedimientos puedan desarrollarse.
El diputado evitó plantear el asunto únicamente como una discusión política y sostuvo que debe revisarse a partir de las facultades legales que tiene el Instituto y de los mecanismos disponibles para garantizar sus actuaciones.
“Si existen condiciones que dificulten una actuación del organismo electoral en algún municipio, debe solicitarse el apoyo correspondiente”, planteó el legislador.
Estrada insistió en que, antes de que el problema escale a una controversia mayor, debe determinarse si las autoridades electorales ya agotaron las alternativas institucionales para garantizar la realización de las diligencias.