- El regidor de Morena exigió rinda cuentas claras a los chihuahuenses sobre el terreno, los recursos y las condiciones ambientales del relleno sanitario
Chihuahua, Chih. 24 septiembre 2026. El proyecto del relleno sanitario de Mápula se ha convertido en una larga cadena de anuncios, plazos incumplidos, decisiones administrativas y preguntas que el Gobierno de Marco Bonilla todavía tiene pendientes de responder, afirmó el regidor morenista y presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, quien exigió abrir toda la información relacionada con el proyecto y explicar con documentos qué ocurrió con los recursos públicos destinados a una obra que, hasta ahora, no ha entrado en operación.
González recordó que en mayo de 2021 Bonilla prometió que en dos años se clausuraría el actual relleno sanitario y que, meses después, en noviembre de ese mismo año, aseguró que se aceleraría la construcción del nuevo depósito de residuos, al advertir que al existente le quedaban apenas 18 meses de utilidad. Ese mismo mes, el Municipio contrató con Scotiabank un crédito por 132 millones de pesos para el proyecto; sin embargo, el plazo anunciado posteriormente para iniciar operaciones, abril de 2024, tampoco se cumplió.
El regidor cuestionó además la ruta seguida para adquirir el terreno de Mápula. El 22 de marzo de 2023, el Municipio compró 70 hectáreas por 31 millones 678 mil 335 pesos, después de haber pagado previamente un millón 60 mil pesospor la renta del mismo predio durante seis meses. Dos días después, el Ayuntamiento reservó información relacionada con el proyecto mediante el Acuerdo del Comité de Transparencia CT-ACR-004/2023, una decisión que, a decir de González, debe ser explicada públicamente, particularmente cuando se trata de una obra financiada con recursos públicos.
Otro de los puntos que González puso sobre la mesa es el precio del terreno. De acuerdo con el material presentado, existe una comparación entre un valor promedio señalado de 16.45 pesos por metro cuadrado y los 45 pesos por metro cuadrado pagados por el Municipio, diferencia que requiere ser aclarada con el avalúo correspondiente, las condiciones del mercado y toda la documentación de la operación. El morenista subrayó que no se trata de emitir una sentencia anticipada, sino de responder por qué se pagó ese precio y bajo qué criterios se tomó la decisión.
El cuestionamiento alcanza también a los antecedentes de propiedad del predio y a las relaciones que el material presentado señala entre anteriores propietarios y personas cercanas a integrantes del Gobierno estatal. González pidió que, en lugar de descalificaciones políticas, se exhiban documentos que permitan conocer quiénes participaron en la operación, cómo se determinó el precio y si existieron o no posibles conflictos de interés o beneficios particulares. “Si todo está en orden, que se transparente todo”, planteó, al señalar que una operación de esta magnitud no puede quedar bajo sospecha por falta de información pública.
A ello se suman posibles impedimentos técnicos, ambientales y jurídicos que, de acuerdo con el material analizado, deben ser revisados por especialistas y autoridades competentes. Entre ellos se encuentran la ubicación del predio sobre el Acuífero Villalba, la existencia de más de 200 pozos subterráneos, la situación de comunidades potencialmente afectadas, el posible cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, eventuales afectaciones a infraestructura de la CFE y un litigio que continúa en tribunales federales. González aclaró que estos elementos no constituyen por sí mismos una resolución definitiva, pero sí razones suficientes para exigir estudios y respuestas serias antes de seguir comprometiendo recursos públicos.
Ante este escenario, el presidente del Consejo Estatal de Morena demandó máxima transparencia sobre el proyecto, una explicación documentada del avalúo, la renta y compra del terreno, así como una revisión técnica y ambiental independiente que incluya el acuífero, los pozos, la normatividad aplicable y la infraestructura de la zona. También pidió que se consulte a las comunidades potencialmente afectadas y que cualquier determinación respete estrictamente las resoluciones de los tribunales federales.
González sostuvo que Mápula ya no puede seguir manejándose como un asunto de anuncios políticos o fechas que se van recorriendo. Si el proyecto es legal, viable y representa el interés público, dijo, Bonilla tiene la oportunidad de demostrarlo con documentos, estudios y cuentas claras. De lo contrario, las preguntas seguirán creciendo alrededor de una obra que ha consumido recursos públicos, acumulado retrasos y dejado demasiados cabos sueltos; porque cuando se trata del agua, del dinero de los chihuahuenses y del futuro de la ciudad, la transparencia no puede ser un asunto reservado.