
• La denuncia señala posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa.
El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Álex Domínguez, se pronunció sobre la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, en contra de Guadalupe Taddei Zavala, José Alfredo Hernández Casillas, Carlos Daniel Luna Rosas, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y demás personas que pudieran resultar involucradas.
De acuerdo con el documento presentado ante la autoridad federal, se solicita investigar hechos que podrían constituir los delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y facultades, asociación delictuosa y otros que pudieran desprenderse de las investigaciones.
Alex Domínguez destacó la importancia de que la Fiscalía General de la República realice las diligencias correspondientes para esclarecer los señalamientos y determinar, con estricto apego a derecho, si existen responsabilidades penales.
El dirigente priista señaló que la gravedad de las acusaciones exige una investigación transparente, objetiva y exhaustiva, particularmente por tratarse de hechos presuntamente relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo fundamental para la organización de los procesos electorales y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Por su parte Janeth Montes López secretaria general del CDE expresó que ninguna persona, independientemente del cargo público que desempeñe, debe quedar exenta del escrutinio de las autoridades cuando existan denuncias por posibles conductas ilícitas.
Subrayó que corresponde a la FGR reunir y valorar las pruebas, establecer si los hechos denunciados constituyen delitos y, en su caso, proceder conforme a la legislación vigente, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.
Finalmente, el presidente estatal del PRI y diputado federal reiteró la importancia de garantizar la autonomía de las instituciones electorales, la legalidad en el ejercicio de la función pública y la transparencia en las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción.
“La democracia mexicana necesita instituciones sólidas, transparentes y sujetas a la ley. Cualquier señalamiento de esta naturaleza debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, sin privilegios ni excepciones”, concluyó el dirigente estatal.
