Chihuahua, Chih., 26 de septiembre de 2024 – En un hecho sin precedentes, la justicia en Chihuahua tipificó el asesinato de una mujer trans como feminicidio, sentando un histórico precedente en el tratamiento legal de los crímenes por razones de género en la comunidad LGBT. Ariana M. Ponce, una joven trans de 25 años, fue brutalmente asesinada el pasado 12 de septiembre en su propio hogar, ubicado en la colonia Panamericana, al norte de la ciudad de Chihuahua. Su presunto asesino, Salomón G. M., con quien sostenía una relación sentimental, fue vinculado a proceso esta mañana por el delito de feminicidio.
Este caso, seguido de cerca por colectivas de los derechos humanos y activistas de la comunidad trans, destaca no solo por la violencia del crimen, sino porque las autoridades judiciales decidieron aplicar la figura de feminicidio, en lugar de transfeminicidio, reconociendo así el género autoadscrito de la víctima y su identidad. El hecho marca un importante avance en la visibilización y protección de las personas trans en el sistema judicial mexicano, que históricamente ha sido criticado por ignorar o minimizar los crímenes de odio contra este sector de la población.
Según el informe forense, Ariana falleció tras recibir múltiples puñaladas en el pecho, heridas que le causaron la muerte inmediata. El ataque, perpetrado dentro de su propia vivienda, fue resultado de una acalorada discusión con Salomón G. M., quien, según los primeros informes, actuó impulsado por celos. Los elementos recabados por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razón de Género y la Familia indicaron que el asesinato tuvo un claro contexto de violencia de género.
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HISTÓRICO CASO CAMBIA CRITERIOS EN CHIHUAHUA
La vinculación a proceso de Salomón G. M. fue confirmada la mañana del jueves 26 de septiembre por un juez de control, quien ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva durante el desarrollo del juicio. El caso ha sido seguido de cerca por organizaciones y activistas defensoras de derechos humanos, quienes salieron a exigir justicia desde que aconteció el lamentable hecho.
La Fiscalía de Chihuahua, a través de su Unidad de Investigación de Feminicidios, subrayó que la investigación se llevó a cabo en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos y con una perspectiva de género, lo cual resultó clave para que el crimen fuera clasificado como feminicidio.
Por su parte, la Fiscalía Especializada que lleva el caso refrendó que este proceso ha abierto un nuevo capítulo en la procuración de justicia para la comunidad de la diversidad sexual, tradicionalmente invisibilizada y vulnerable ante la violencia de género. Mediante un comunicado, expresó que “reconoce la importancia de mantener condiciones adecuadas que favorezcan un adecuado acceso a la justicia y reafirma su compromiso con la comunidad LGBTTTIQ+ por una procuración de justicia efectiva que permita disminuir los ataques de discriminación y odio contra este sector de la población”.