Chihuahua, Chih., 24 de abril de 2025.— El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua presentó un análisis crítico del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, señalando inconsistencias, falta de transparencia y resultados limitados en los programas prioritarios de su administración.
El diputado Pedro Torres Estrada, vocero del bloque, destacó que el informe oficial presenta logros que, al ser revisados con detalle, revelan simulaciones y un manejo poco claro de los recursos públicos. Entre los puntos más cuestionados está el programa MediChihuahua, promocionado como un avance en salud, pero que en realidad solo reorganiza servicios ya existentes, financiados principalmente por el Gobierno Federal, sin garantizar cobertura universal.
En educación, aunque se reportó una inversión de 928 millones de pesos en 582 planteles, Morena señaló que esta cifra es insuficiente para atender las carencias de más del 90% de las escuelas públicas del estado. Asimismo, criticaron que, pese a la asignación de 957 millones de pesos para comunidades indígenas, no hay evidencia de que estos recursos hayan mejorado directamente las condiciones de vida en dichas zonas.
En materia económica, el análisis reveló una caída del 25% en la Inversión Extranjera Directa durante 2024, así como la pérdida neta de 1,880 empleos en comparación con el año anterior, lo que contradice las promesas de generación de plazas laborales.
Respecto a seguridad, a pesar de los más de 20 mil millones de pesos ejercidos, Chihuahua mantiene altos índices de delitos como feminicidios, secuestros y homicidios. También se cuestionó el funcionamiento de la Plataforma Centinela, un proyecto millonario que no ha cumplido con sus objetivos de reducir la violencia y que ha sido señalado por sobrecostos y opacidad.
Las diputadas Jael Argüelles y María Antonieta Pérez respaldaron el llamado de Morena para que la gobernadora rinda cuentas claras y asegure que los recursos públicos se apliquen con transparencia y eficiencia. El grupo exigió ajustes en la administración estatal para garantizar beneficios reales a la población.