Derecho y Razón
Erick Dour Iglesias
Hoy, jueces y juezas que provienen del respaldo ciudadano —de la confianza popular y del trabajo cercano a la gente— asumirán con responsabilidad la enorme encomienda de impartir justicia desde una nueva perspectiva: la de la cercanía social, el compromiso ético y la defensa de los derechos humanos.
Este nuevo perfil de juzgadores implica más que una renovación institucional: representa un cambio profundo en la forma en que se entiende y se ejerce la justicia. Porque sería impensable imaginar que, en esta nueva etapa, un juez niegue el derecho de una niña o un joven a recibir educación gratuita, o que una resolución judicial se aleje de la defensa de los derechos fundamentales como el acceso a la salud, la seguridad social o un entorno digno y saludable.
Durante años, el formalismo jurídico —muchas veces alejado de la realidad social— ha permeado en las resoluciones, dejando de lado el espíritu de justicia que debe guiar todo resolución. Pero hoy, con la llegada de jueces que conocen de primera mano las problemáticas ciudadanas, el enfoque debe transformarse: no se trata solo de aplicar la ley, sino de interpretarla con sensibilidad, con compromiso, con una visión humanista.
Este nuevo Poder Judicial tiene ante sí la oportunidad —y el deber— de colocarse del lado de la ciudadanía, de garantizar que ninguna persona quede fuera del amparo de la justicia por tecnicismos, por indiferencia o por burocracia. Los derechos humanos deben dejar de ser letra muerta para convertirse en el eje de todas las decisiones judiciales.
La sociedad ha hablado. Ha confiado en una nueva generación de juzgadores, que se deben al pueblo. Y por ello, están obligados a escuchar, entender y proteger a cada ciudadano y ciudadana.
La justicia ya no puede ser un privilegio de pocos. Hoy, la justicia debe ser sinónimo de igualdad, dignidad y esperanza para todos.