Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- El diputado del PAN, Carlos Olson, cuestionó los beneficios penitenciarios contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, al asegurar que “la izquierda le ha dado más derechos a los criminales”, aludiendo a la posibilidad de liberación anticipada para ciertos internos.
El legislador sostuvo en entrevista con Fuenteinfo que en Chihuahua deberían imponerse penas más severas, especialmente en casos de delitos cometidos contra menores de edad.
“Es injusto” que criminales como infanticidas o feminicidas sean mantenidos en prisión con recursos públicos, expresó.
“Son personas que lo único que están haciendo es terminando con otras vidas. Terminan con la vida no solamente de la persona que le arrebata, también terminan con las vidas de sus familiares cercanos”, apuntó Olson.
Cabe recordar que la semana pasada el coordinador de la Bancada Naranja, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa para que la federación no pueda liberar a personas sentenciadas en Chihuahua mediante la figura de la liberación anticipada.
Sánchez explicó que este mecanismo se basa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, promulgada en 2016, que permitió a la federación asumir la facultad para determinar cómo deben cumplir su condena las personas privadas de la libertad. Esta legislación contempla, entre otros, la posibilidad de obtener libertad condicionada una vez cumplida la mitad de la pena, siempre y cuando se trate de delitos no graves y se cumplan ciertos requisitos de reinserción.
De acuerdo con la ley, los beneficios preliberacionales están diseñados para facilitar la reintegración social paulatina de las personas sentenciadas. Entre ellos destacan la libertad anticipada por razones humanitarias, la liberación por desahogo de pena, y en algunos casos, la sustitución de penas por trabajo comunitario.
Sin embargo, el artículo 137 de dicha ley excluye expresamente delitos de alto impacto como feminicidio, homicidio doloso agravado, secuestro, violación, trata de personas y delincuencia organizada de estos beneficios, lo que limita su aplicación a casos de menor gravedad.
A pesar de ello, legisladores como Olson y Sánchez insisten en que el modelo actual abre la puerta a que personas peligrosas puedan beneficiarse de un sistema que, aseguran, prioriza los derechos de los reclusos sobre los de las víctimas.