Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de frenar la impunidad en casos de violencia sexual infantil, la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, propuso reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua para obligar al Poder Judicial y a dependencias estatales a capacitarse con enfoque de infancia.
Durante la sesión de la Diputación Permanente de este viernes, la legisladora presentó una iniciativa para modificar el artículo 123, fracción XXX, a fin de incorporar como obligación legal que las y los juzgadores, así como personal de procuración de justicia, reciban al menos dos capacitaciones anuales enfocadas en la atención de menores víctimas o testigos de delitos.
Pérez Reyes denunció que la falta de formación especializada en el sistema judicial está permitiendo fallos carentes de sensibilidad y comprensión hacia la infancia, lo que deriva en decisiones judiciales que favorecen la impunidad.
“Es inaceptable que aún con pruebas médicas, periciales y psicológicas contundentes, haya jueces que desechen los testimonios de niñas y niños por no saber cómo interpretarlos”, señaló.
Uno de los casos que ejemplificó fue el de una niña con autismo que, pese a presentar evidencia de agresión sexual y contagio de una enfermedad venérea, no recibió justicia porque la autoridad judicial negó la orden de aprehensión contra el presunto agresor. Otro caso implicó a un niño de tres años, cuya denuncia fue invalidada por una jueza que cuestionó incluso a la doctora y psicóloga que lo atendieron.
La propuesta legislativa también busca garantizar que las capacitaciones sean transversales y coordinadas entre las diversas instituciones involucradas, de modo que todas compartan herramientas metodológicas y criterios comunes para valorar adecuadamente la evidencia en casos que involucran a menores de edad.
La diputada recordó que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que los procesos judiciales deben adaptarse a las necesidades de niñas, niños y adolescentes, con mecanismos de protección que eviten su revictimización.