Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- Tras las recientes declaraciones de ayer del alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza sobre la protesta antitaurina y la detención de tres activistas frente a Palacio Municipal, varios colectivos emitieron un posicionamiento en el que acusaron al gobierno municipal de criminalizar la manifestación y de mantener prácticas de crueldad animal en la capital.
En el posicionamiento, señalaron que la crueldad hacia los animales persiste en Chihuahua, no solo en casos aislados, sino de manera estructural. Como ejemplos mencionaron la destrucción de cerros para la construcción de fraccionamientos, las peleas de gallos que continúan realizándose y la falta de medidas efectivas de protección.
Respecto a las corridas de toros, las organizaciones recordaron que su prohibición no se debió gracias a las autoridades municipales, sino a una larga lucha social que, durante años, fue incluso criminalizada. Sin embargo, advirtieron que no existe certeza jurídica, ya que no hay reglamentos ni disposiciones que garanticen la prohibición, mientras que otras prácticas de maltrato animal siguen vigentes.
“La protesta realizada recientemente no contó con acompañamiento policial preventivo. Por el contrario, fue tolerada y luego utilizada como pretexto: se permitió la pinta de edificios públicos con el objetivo de justificar un acto de represión. Resulta claro que el interés de la autoridad municipal no es proteger los muros, sino inhibir y criminalizar la protesta social“, señalaron.
También cuestionaron la diferencia de trato por parte del municipio, al destacar que recientemente el gobierno atendió de inmediato a un influencer por un caso de perros, pero ahora “cierra la puerta” a la ciudadanía organizada.
Los colectivos se solidarizaron con los activistas detenidos, Uriel Estrada, de Superhumano, Aleza, integrante de Salvemos los Cerros de Chihuahua (SLC) y otro activista más quienes, aseguraron, fueron arrestados de manera injusta y arbitraria. En ese sentido, rechazaron lo que calificaron como una campaña de desprestigio emprendida desde el gobierno municipal.
En su posicionamiento, recalcaron tres puntos: que el gobierno municipal sí permite la crueldad animal; que existe el derecho legítimo a la protesta pacífica; y que los daños ambientales y sociales que enfrenta Chihuahua, como la devastación de cerros o el deterioro de edificios públicos, son mucho más graves que las pintas realizadas durante la manifestación.