Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2025. — La diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó un posicionamiento oficial y formuló una serie de cuestionamientos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) sobre la implementación, el avance y los resultados de la denominada Plataforma Centinela.
Ortega Máynez subrayó que la seguridad pública es una función esencial del Estado y que su ejercicio requiere legalidad, transparencia y rendición de cuentas. En ese marco, expresó su preocupación por la falta de información verificable y por los resultados visibles del proyecto, que calificó como “uno de los proyectos más costosos en la historia reciente del estado”.
PROYECTO FARAÓNICO Y OPACO… SIN RESULTADO
La Plataforma Centinela fue adjudicada de manera directa a la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V. y, según lo señalado en el posicionamiento, contempla una inversión superior a 4,700 millones de pesos para la instalación de una red tecnológica compuesta por más de 3,000 cámaras PTZ, 4,800 cámaras fijas, 1,791 lectoras de placas, 102 arcos carreteros, 11 filtros Centinela, drones, estaciones de trabajo y otros elementos.
La diputada advirtió que, pese a esa inversión y equipamiento previsto, persisten altos índices de violencia en la entidad —incluyendo homicidios dolosos, desapariciones y extorsiones— y una percepción ciudadana de inseguridad que, según su señalamiento, rebasa el 80% en ciudades como Juárez y Chihuahua. Ese contraste, dijo, plantea dudas sobre la eficacia práctica del sistema.
Ortega Máynez también recordó antecedentes controvertidos de la empresa adjudicataria en otras entidades —Baja California, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México— donde, aseguró, se han documentado irregularidades, sobrecostos y falta de resultados comprobables en proyectos similares. Añadió que la reserva de información técnica amparada en la supuesta seguridad pública limita la supervisión ciudadana y legislativa de un proyecto financiado con recursos estatales por varios miles de millones de pesos.
TURNÓ OCHO PREGUNTAS A LA AUTORIDAD
En ejercicio de sus facultades constitucionales, la diputada dirigió a la SSPE ocho preguntas puntuales, solicitando respuestas claras y sustentadas con evidencia documental.
- ¿Cuáles fueron los criterios técnicos y operativos que justificaron la adjudicación directa del contrato a la empresa Seguritech, sin licitación pública?
- ¿Cuántos de los elementos tecnológicos comprometidos (cámaras, arcos carreteros, subcentros, drones, lectores de placas, etc.) han sido instalados y están actualmente operando? Favor de desglosar por tipo y municipio.
- ¿Cuál es el porcentaje de avance físico y operativo de la Torre Centinela y de la Plataforma Centinela al cierre del último trimestre? ¿Cómo se compara este avance con el cronograma pactado con el contratista?
- ¿Qué mecanismos de supervisión ha implementado la SSPE para verificar el cumplimiento del contrato, y qué sanciones se han aplicado por retrasos, fallas técnicas o incumplimientos?
- ¿Qué indicadores concretos de reducción de incidencia delictiva se han obtenido desde la puesta en marcha del sistema? ¿Existe una relación directa entre estos resultados y la operación del sistema de videovigilancia?
- ¿Qué disminución específica de delitos, como homicidios dolosos, puede atribuirse a la Plataforma Centinela, por municipio, con cifras comparadas año con año?
- ¿Qué mecanismos de evaluación existen para medir la efectividad del sistema (tiempos de respuesta, delitos esclarecidos, incidentes evitados, etc.)?
- ¿Qué controles técnicos y administrativos se han implementado para evitar el uso indebido del sistema, como el espionaje político o fines distintos a la seguridad pública?
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La diputada insistió en que estas preguntas no están sujetas a reserva y que la SSPE tiene la obligación institucional de responder ante la ciudadanía y el Congreso. Señaló que solo con transparencia, rendición de cuentas y evaluación objetiva podrá confirmarse si la Plataforma Centinela cumple su propósito de proteger a las y los chihuahuenses.
En su cierre del posicionamiento, Ortega Máynez afirmó: “La seguridad no puede basarse solo en el discurso tecnológico. Debe sustentarse en resultados medibles que se traduzcan en una vida más segura para todas y todos”.
El planteamiento de la legisladora queda ahora formalmente en la mesa de la SSPE, que deberá emitir la información y documentación solicitada para sustentar el avance y la operación del proyecto, o bien explicar las razones de la reserva de datos en términos que permitan el escrutinio público y parlamentario.