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Por: Alan Martínez

Chihuahua, Chih.- La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, intensificó este viernes su confrontación con legisladores federales de Morena y sus aliados, asegurando que no se arrepiente de haber difundido información de contacto de diputadas y diputados que no frenaron la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

En un mensaje difundido en redes sociales, la dirigente respondió particularmente a la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, quien, afirmó, reaccionó con enojo por la publicación de sus datos.

“Déjame decirte que no me arrepiento y que lo volvería a hacer. Y que si me quieres denunciar, me denuncies, tú y la bola de inútiles de tus compañeros”, lanzó Álvarez, quien también aceptó un eventual debate con la legisladora.

La panista cuestionó el sentido del voto de Aguilar y la acusó de incongruencia.

“Dices que la ley no es nociva ¿entonces por qué te abstienes?” Asimismo, recordó que la diputada incumplió una invitación previa a dialogar con campesinos en el Congreso.

“¿Qué te parece si retomamos aquel debate en el que dejaste plantadas y plantados a las y los productores?”

La confrontación escaló un día después de que Álvarez difundiera un video acusando a senadores y diputados de Morena de intentar aprobar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales durante la madrugada. Señaló que, mientras productores continúan movilizados por la defensa del recurso hídrico, los legisladores “se esconden”.

Tras ese pronunciamiento, la dirigente panista publicó los números telefónicos, redes sociales y domicilios de las casas de enlace de los representantes federales de la 4T en Chihuahua.

De acuerdo con la legislación mexicana, la filtración de datos personales sin consentimiento puede constituir una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Esta norma establece sanciones que van desde multas económicas hasta responsabilidades penales cuando la divulgación genere daño o uso indebido de información privada. Las autoridades competentes, como el INAI o la Fiscalía correspondiente, pueden iniciar procedimientos en caso de que una de las partes afectadas presente una denuncia formal.

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