Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.– El anuncio realizado este miércoles por la gobernadora María Eugenia Campos Galván en el que abrió la puerta a la posible incorporación de Diódoro Carrasco Altamirano a su gabinete, generó cuestionamientos por el historial político y las controversias que han acompañado al exgobernador de Oaxaca a lo largo de su trayectoria pública.
La mandataria estatal planteó el escenario ante la eventual salida de actuales integrantes de su administración, quienes buscarían competir por cargos de elección popular, lo que dejaría vacantes en diversas secretarías como la SSPE, así como en la Fiscalía General del Estado.
Más allá de un posible nombramiento formal, Carrasco ha sido durante años uno de los asesores más cercanos e influyentes de la gobernadora, sin ocupar un cargo oficial dentro de la estructura estatal. A ello se suma que su sobrino, Marco Arturo Carrasco Tena, es identificado como un operador relevante de Rafael Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, señalado como uno de los funcionarios de mayor cercanía con la mandataria, con injerencia en la medición y destino de programas sociales.
Sin embargo, el posible arribo del exmandatario oaxaqueño no está exento de críticas pues este gobernó Oaxaca entre 1992 y 1998, periodo marcado por constantes conflictos sociales, particularmente con el magisterio disidente, así como por señalamientos de uso excesivo de la fuerza pública para contener protestas.
Diversas organizaciones y actores políticos cuestionaron entonces el enfoque de gobernabilidad de su administración, basado en el control político y la negociación corporativa.
Durante esos años, Oaxaca vivía ya tensiones estructurales como pobreza extrema, marginación indígena y disputas por tierras. En lugar de desactivar los conflictos mediante negociación sostenida, el gobierno de Carrasco fue señalado por recurrir a desalojos, detenciones y uso excesivo de la fuerza, lo que abonó a una percepción de autoritarismo.
A ello se suman acusaciones recurrentes, aunque no judicializadas, relacionadas con presuntos actos de corrupción y enriquecimiento durante su paso por el gobierno estatal.
Además, está su ruptura con el PRI, partido que lo llevó a la gubernatura, para posteriormente integrarse al PAN y ocupar cargos estratégicos durante el sexenio del expresidente Vicente Fox. Este viraje fue señalado como un acto de oportunismo político y una muestra de continuidad de prácticas del viejo régimen, pese al discurso de alternancia democrática.
Los modelos de gobernabilidad aplicados durante su gestión en Oaxaca contribuyeron a un contexto de tensión social al no atender de fondo las demandas del magisterio ni democratizar la vida política estatal, que años después derivaría en la crisis política de 2006, aunque Carrasco ya no se encontraba entonces en funciones.
Hasta ahora, la gobernadora no ha precisado qué cargo podría ocupar Carrasco ni si su incorporación será inmediata.