Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.– El exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, acusó a autoridades estatales de incurrir en actos ilegales tras el aseguramiento de una cabaña de su propiedad, acción que atribuyó a una estrategia de presión política y mediática desde el gobierno estatal.
Mediante un pronunciamiento en redes sociales, Corral sostuvo que la medida carece de sustento jurídico y aseguró que será combatida por las vías legales correspondientes. En su mensaje, afirmó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ya perdió la competencia para continuar con el caso, luego de resoluciones emitidas por jueces federales y confirmadas, dijo, por un Tribunal Colegiado de Circuito.
El senador señaló que, pese a estos fallos, la Fiscalía Anticorrupción mantiene acciones que calificó como inútiles y orientadas únicamente al “golpeteo mediático”, lo que, aseguró, implica el uso de recursos públicos para difundir acusaciones sin sustento a través de medios afines al gobierno estatal.
Corral consideró que estas acciones se intensificaron tras la reciente detención del exgobernador César Duarte, hecho que, afirmó, volvió a colocar en la discusión pública nacional el caso de la llamada “nómina secreta”. En ese contexto, reiteró señalamientos contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien volvió a vincular con presuntos sobornos, acusaciones que, según dijo, han sido señaladas por la Fiscalía General de la República.
Asimismo, indicó que el anuncio de que el caso pasará al ámbito federal ha generado preocupación en la administración estatal, al anticipar que no solo se esclarecerán las acusaciones en su contra, sino que también podrían evidenciarse presuntas irregularidades en la integración del expediente y una supuesta colusión entre autoridades estatales y juzgadores.
Finalmente, el exmandatario cuestionó el desempeño de la Fiscalía Anticorrupción y de su titular, al considerar que la institución encargada del combate a la corrupción en el estado se encuentra subordinada a intereses políticos.
Hasta ahora, ni el Gobierno del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción han fijado una postura pública sobre las declaraciones del legislador federal.